Toluca, México.- Pese a los seguros que obliga la ley en materia de transporte público, en el Estado de México, la mayoría de las líneas obligan a sus operadores a hacerse cargo de los daños materiales e incluso en lesiones de víctimas durante un accidente.
La Norma Técnica de la Secretaría de Movilidad precisa que es obligatorio a los concesionarios contar con un seguro de vida y de gastos mayores para usuarios de forma permanente, sin embargo dicho requisito se burla con seguros apócrifos, revelaron transportistas consultados. Esto obliga a que los choferes, al igual que las víctimas, queden sin amparo tras un accidente en el transporte público.
“A los choferes nos toca lo mismo que a los usuarios, cuando chocas te lo descuentan de tu raya, hay compañeros que han preferido renunciar y que los demanden cuando chocan y muere una persona”, afirmaron choferes consultados.
Esta situación se replica en la mayoría de las líneas, derivado a que el grueso de choferes son contratados de manera informal, sin un convenio escrito, ni pagos mediante nómina.
“A muchos nos conviene que nos paguen por raya pero lo malo es que si te ocurre un accidente, no hay seguros y los dueños se hacen de la vista gorda”, argumentó otro de los choferes consultados.
Según cifras de la Secretaría de Movilidad, en cuatro años, de 2014 a 2017 se cuantificaron 410 muertes causadas por el transporte público, es decir un promedio de 100 víctimas mortales cada año.
Mientras que en los primeros cinco meses del 2018, de enero a junio, el transporte público ya rebasó las 50 muertes.
De acuerdo con datos de Flecha Roja, las indemnizaciones en caso de accidentes, depende de la gravedad del caso y la forma en que resulten los peritajes que se hacen en el proceso.
Sin embargo, las indemnizaciones consideran montos que van de los 300 mil, 500 mil y hasta 1 millón de pesos.
De forma específica, en el caso de la universitaria Diana Segura, atropellada en 2015, su familia logró después de tres años una indemnización de cinco millones de pesos, sin embargo más del 90 por ciento de las víctimas del transporte, quedan en la impunidad, según estadísticas de la Semov.