Toluca, México.- A más de una semana de los disturbios registrados en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México por ataques de porros, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)dio a conocer que colaborará con las investigaciones que realizan autoridades de la Ciudad de México y de la Procuraduría General de la República, pues se confirmó que por lo menos tres agresores formaban parte de alguno de los planteles de la UNAM en la entidad mexiquense.
De los 18 alumnos que la rectoría de la UNAM determinó que estarían relacionados con estos eventos lamentables, apenas dos o tres corresponden a la FES Acatlán, si no mal recuerdo, y los demandantes correspondían al plantel de Azcapotzalco y algunos otros que no están en el Estado de México
Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General
Descartó que pese a tal confirmación hasta este momento autoridades federales y de la Ciudad de México no han solicitado alguna diligencia en particular a la FGJEM, sin embargo no se descarta que pudiera ser solicitada en próximos días.
En lo que corresponde a los antecedentes penales de los tres alumnos presuntamente involucrados en los disturbios ocurridos la semana pasada, el Fiscal General de Justicia de la entidad mexiquense sostuvo que hasta este momento no hay registros de que cuenten con antecedentes de investigaciones en su contra o de algún señalamiento de que hayan participado en la comisión de algún delito, no obstante se comprometió a realizar las diligencias correspondientes a fin de que éstas sean entregadas a las autoridades.
Cabe destacar que el lunes pasado la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México anunció 15 órdenes de aprehensión por los delitos de motín, homicidio en grado de tentativa, en contra de los porros de la UNAM, presuntos autores de los disturbios registrados el pasado 3 de septiembre.
Recientemente se dio a conocer la detención y vinculación a proceso de un hombre de 29 años de edad, quién fue recluido en Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por el delito de motín por el cual podría alcanzar una pena de hasta siete años de prisión.