En el marco del inicio del periodo ordinario de la LXII Legislatura mexiquense, colectivas feministas, activistas, académicas y organizaciones sociales se manifestaron frente a la Cámara de Diputados del Estado de México, para exigir la despenalización del aborto y el respeto pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Entre enero y julio, en el Estado de México la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió 79 carpetas de investigación por el delito de aborto, lo que, recriminaron, vulnera su derecho a decidir.
“De por sí viven en condiciones precarizadas para que todavía tengan recurso económico para pagar una abogada. El caso está en la presión y el estrés que provoca en una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo más esta presión que exista por las carpetas de investigación”, señaló Emma Obrador Garrido, quien da acompañamiento jurídico a personas que han abortado a través de la colectiva Marea Verde.
La movilización contó con la participación de distintas colectivas, como Marea Verde, ddser, Marías Aborteras y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras, quienes entregaron un documento dirigido a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para solicitar su intervención en este tema.
“En 2022 fueron más de 140 carpetas de investigación y esto es relevante porque fueron más por aborto que por feminicidio. Esto nos da prueba de que se sigue criminalizando a las personas que deciden interrumpir su embarazo pese a que somos vecinos de la Ciudad de México donde ya se legalizó”, comentaron las activistas.
En el documento, las manifestantes apelaron a la gobernadora y a las y los legisladores mexiquenses a impulsar la despenalización del aborto en la entidad, acorde a los estándares internacionales y los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan el principio de igualdad y el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se mencionó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 7 de septiembre de 2021, que declaró inconstitucional la criminalización del aborto y que sirve como fundamento para la exigencia de cambios normativos en el estado.
Justicia reproductiva y derechos de las personas gestantes
Uno de los puntos centrales de la manifestación fue la demanda de justicia reproductiva para las mujeres y personas gestantes en el Estado de México, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, como mujeres indígenas, afrodescendientes, personas LGBTQ+ y con discapacidad.
En ese sentido, se destacó la urgencia de modificar el marco normativo estatal para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, eliminar la criminalización del aborto y evitar que las personas recurran a procedimientos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas.
Finalmente, las colectivas hicieron un llamado a los integrantes de la LXII Legislatura, al destacar que la composición mayoritaria de mujeres en el Congreso estatal, para que instrumenten acciones concretas que aseguren la libre autodeterminación de la maternidad y el acceso a la autonomía reproductiva.
Las manifestantes pidieron ser recibidas por las autoridades para dialogar sobre las necesidades y derechos de las personas gestantes; sin embargo, fueron encapsuladas por la Policía de Género durante la manifestación pacífica.
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