El Comité Ciudadano Pro Monte Alto aseguró que hicieron más de 200 observaciones al Documento Técnico Unificado (DTU) que se empleó en el parque estatal de Monte Alto, en Valle de Bravo.
Desde 2022, el DTU se aprobó con más de 200 puntos en los que la ciudadanía organizada no estaba de acuerdo, y a pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó el documento con carencias técnicas.
El pasado 28 de julio un Juez del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México determinó, como medida cautelar, la suspensión definitiva de todas las actividades autorizadas en el DTU.
Por lo que celebraron que esta medida haya frenado el DTU que impulsó la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).
Sin embargo, a través de redes sociales, denunciaron que dicha dependencia estatal continúa a través de medios informativos "manipulando la información para litigar en medios de una forma desesperada".
Aclararon algunos de los puntos en los que no estuvieron de acuerdo, mismos que sirvieron para frenar legalmente la aplicación del DTU en el bosque de Monte Alto.
"El Comité Ciudadano está en contra de que se siga sacando madera. Que el Parque Estatal sea concesionado. Y que el DTU condene tirar las zonas de Cedro Blanco, que, después de 25 años, ya no son especies invasivas, sino nativos", explicaron a través de un comunicado de prensa.
Aseguraron que en el DTU "no hay un estudio claro de flora y fauna, y aún así se asegura que las afectaciones al medio ambiente son mínimas".
Denuncian poca transparencia de la CEPANAF
En febrero de este año, el Comité Ciudadano Pro Monte Alto pidió firmar un convenio con CEPANAF y SEMARNAT para comprometerlos a no emitir remisiones de salida de madera de Monte Alto.
Sin embargo, la CEPANAF negó que pudiera hacerse, justificando que ya existían convenios con comunidades para regalar esa madera.
Fue a través de solicitudes vía Transparencia que comprobaron que "no existe ningún convenio con tales características".
Inclusive, el Comité Ciudadano consultó al jurídico de SEMARNAT para ver la viabilidad del convenio propuesto, obteniendo respuesta positiva, pero debía de ser solicitado por medio de la CEPANAF.
"No sabemos si algunas de estas personas buscan un beneficio personal, o si había un negocio para conseguir una trituradora y moler la madera, y quien la ponía sacaría parte de esto, para vender y así pagar este trabajo", concluyeron en el comunicado de prensa.
