Hace 20 años la carretera que conecta a Toluca con Cuernavaca, Morelos, tenía un paisaje ataviado de oyameles y pinos, incluso la temperatura no pasaba de los 18 grados centígrados. Ahora, la tala clandestina ha mermado más de mil hectáreas del Bosque de Agua, por lo que comuneros de San Juan Atzingo se manifestaron este viernes.
En el marco del Día Mundial del Agua y del Día Internacional de los Bosques, los tlahuicas que caminan el área forestal todos los días, decidieron cerrar la vía en la ruta Lagunas de Zempoala.
Con machetes, palos y hasta resorteras, señalaron, han intentado cuidar lo que queda del bosque, pero nada es suficiente sin el respaldo de las autoridades federales, por lo que no sólo viven con “cerros pelones”, sino también con miedo al crimen organizado.
Si bien en un inicio eran seis células delictivas las que tenían detectadas, los comuneros recriminaron que ahora son más de 20 debido a la falta de consecuencias graves por talar árboles de manera ilegal o con permisos obtenidos a través de la corrupción.
Oyameles, ocotes y pinos, son presas porque son productos maderables que adquiridos a bajo costo por parte de empresas, en especial mueblerías.
“Ya no se esconden, antes se metían al cerro, ahorita ya en pide de carretera se ve la devastación, los trozos de madera”, añadieron.
Los tienen detectados
Todos los días, los vecinos de las comunidades aledañas al Bosque de Agua detectan alrededor de 50 camionetas que hacen hasta cuatro viajes por jornada, con la batea cargada de madera. Son vecinos de las localidades de Santa Martha y Santa Lucía, en donde hay -dijeron- 20 aserraderos clandestinos que no han sido clausurados.
Las órdenes de aprensión pendientes, la falta de tipificación como delito grave del fuero federal, la complicidad con las autoridades y la falta de consciencia ambiental, han llevado a la depredación de los bosques.
“Ahorita que estamos aquí no pasan, al rato ya van a estar subiendo camionetas con los trozos, los que están haciendo eso no tienen consciencia. Son de aquí de los mismos pueblos los que talan el monte, lo que va a pasar es que ya no se vayan a la cárcel, ya que les den cuello”.
Eduardo González Gómez, presidente del Ayuntamiento Indígena de Atzingo, lamentó que llevan dos décadas con denuncias y exigencias para que se atienda la tala clandestina, pero los han dejado solos.
“Ha sido insuficiente y necesitamos que, el gobierno federal que es quien tiene la atribución, cumpla con la misma”, dijo.
“El gobierno no combate la tala clandestina”
En el pliego petitorio que se leyó durante el bloqueo, los pueblos y comunidades del Bosque de Agua lamentaron que la zona forestal está agonizando, por lo que exigen sentencias severas, del fuero federal, a la cadena criminal que mantiene la tala clandestina.
“La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 154, señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Profepa, tiene la atribución por conducto del patrullaje y la salvaguarda de los recursos forestales de la inspección y salvaguarda”.
Por lo anterior, exigieron que se refuercen los mecanismos legales y de campo para proteger los bosques.
Para esto, dijeron, se necesita sumar el esfuerzo de instituciones educativas y de investigación, los tres niveles de gobierno, las Fiscalías, las Organizaciones No Gubernamentales, de empresas, de la comunidad en general.
“Como ven que el gobierno no actúa, que pueden talar con total tranquilidad, cada vez van poniéndose más aserraderos. Creemos que hay complicidad porque, cuando hay operativos, los primeros en enterarse son los taladores y quitan sus máquinas del aserradero, llega el operativo y no encuentran nada”, añadió Eduardo González Gómez.
Es por ello que exigieron la instalación de bases de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) así como de cinco filtros de revisión permanentes en puntos estratégicos para disminuir el fenómeno que no sólo depreda bosques sino que evita que el agua se filtre a los mantos acuíferos, lo que impacta directamente en la escasez del líquido y el calentamiento global.
Al cierre de la carretera Toluca-Cuernavaca, en la ruta Lagunas de Zempoala, a la altura del paraje Agua Bendita, acudieron tlahuicas y vecinos de más de 10 comunidades. Niños, jóvenes y adultos, con pancartas en mano, gritaron -una vez más- para que se les ayude a combatir lo que ellos llaman “narcotala” y se le dote de facultades de prevención y sanción a la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque).
“Si no lo hacen, no vamos a tener un futuro, ya no hay agua ahorita, imagínese en tres años. Ellos (talamontes) se acaban los cerros en seis meses, no dejan ni la maleza, pero esos bosques no se recuperan, no podemos más”, apuntaron los comuneros.
Aunque la ayuda del gobierno federal no llegue, pese a que la han suplicado, aseguraron que continuarán vigilantes de su Bosque de Agua, así sea con palos y resorteras, para cuidar de quienes suben armados, los pocos árboles que les quedan.
