Comuneros indígenas de San Pedro Acatzingo, perteneciente al municipio de Tenancingo, exigen frenar la construcción de vivienda en tierras comunales que les pertenecen, concretamente en la parcela 737.
Durante una conferencia de prensa, comuneros y representantes legales de los inconformes aseguraron que la autoridad municipal se ha vuelto "alcahueta" de la empresa constructora y ha venido otorgando permisos para la construcción, pero sin contar con el aval de las personas afectadas –alrededor de 320-.
Señalaron que se trata de un polígono indígena que les fue asignado conforme a la resolución presidencial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el primero de octubre de 1947, sin embargo, de manera irregular se han entregado permisos para realizar 111 lotificaciones.
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Agregaron que desde, hace más de 30 años, fraccionadores ocuparon sus tierras comunales, ante la complacencia de las autoridades estatales y municipales que han permitido este atropello.
“En los últimos años se ha permitido que la autoridad estatal y municipal nos arrebaten nuestras tierras comunales. Estamos inconformes con esta situación y deseamos que nos devuelvan nuestros predios, pero también continuar con nuestro régimen de usos y costumbres”, manifestaron.
Violación a los derechos
Juan Manuel Laurent Osorio, asesor técnico del comisariado comunal, indicó que se entregaron más de 5 millones de pesos para la construcción de 11 casas de aproximadamente 300 metros en las 920 hectáreas que comprende esa parcela, lo cual resulta una violación a sus derechos humanos.
“Contamos con documentación ante el juez de distrito en materia de amparo para evitar la edificación de las casas de ese polígono, las cuales se construyeron debido al cambio de uso de suelo que se aprobó durante la administración municipal de la ex alcaldesa Tanya Rellstab Carreto”, apuntó.
Ante dicho panorama, anunciaron que crearán un Frente Común en Defensa de la Tierra, del Agua y de los Bosques debido a que las autoridades les han quitado sus permisos de agua, han atentado contra sus derechos humanos y cometido discriminación, como una forma de presionarlos para ceder sus tierras a la inmobiliaria.
Hacen un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) y a la Codhem por la vulneración de sus derechos, al invadir sus tierras y dañar el medio ambiente.