Toluca, México.- Diputados locales condenaron la irrupción de policías de la Ciudad de México que violaron la soberanía del estado de México, reprocharon los abusos que cometieron, pero también la falta de acciones de las autoridades del Gobierno mexiquense y del ayuntamiento de Tlalnepantla para atender el conflicto de San Juan Ixhuatepec y exigieron no criminalizar a la ciudadanía.
La Legislatura local exhortó al gobernador Alfredo del Mazo a girar instrucciones para investigar la invasión de elementos capitalinos y posibles omisiones de policías estatales y llamó a la alcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde a investigar e instaurar procedimientos administrativos disciplinarios a quienes no atendieron las llamadas de auxilio de la población. El grupo parlamentario del PT pidió la destitución del secretario de seguridad de la Ciudad de México, Raymundo Collins.
Exigen esclarecer hechos
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández pidió investigar y esclarecer los hechos suscitados en el operativo policial realizado el día 11 de noviembre y la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para determinar la posible violación de derechos por parte de policía capitalinos.
También hubo reproches porque hasta la tarde de este martes el gobernador no había hecho ningún pronunciamiento en torno a los hechos de San Juan Ixhuatepec y a las autoridades de la capital mexiquense por no seguir los protocolos, ni los convenios establecidos.
El presidente de la Junta rechazó cualquier conducta que afecte derechos, bienes de la población y dijo que la irrupción de policías violó derechos humanos sin cumplir protocolos, con agravios a los ciudadanos por el uso excesivo de fuerza, como se aprecia en varios videos.
Aun cuando funcionarios aseguraron que la ley les permite entrar a otros territorios cuando se cometen delitos en flagrancia, el también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados mexiquense advirtió que esas aseveraciones son erróneas pues no pueden realizar acciones fuera de su territorio sin coordinarse.
Al no cumplir el convenio de coordinación, advirtió, los elementos de la ciudad de México violaron la soberanía del estado e hicieron un uso excesivo de la fuerza, en lo que significó un evidente abuso y la alteración de la paz social.
El diputado de esa zona, Gabriel Gutiérrez Cureño señaló como culpables a los gobiernos capitalino, mexiquense y municipal por acción y omisión y destacó que aún en lo más álgido de la protesta, cuando hubo saqueos, la gente los repudió y obligaron a regresar lo robado. “Esa es la gente de San Juanico”, afirmó.
De manera general varios legisladores reprocharon a los medios que criminalizaron a la población y advirtieron que quienes incurrieron en actos vandálicos fueron infiltrados.
Mientras Omar Ortega del PRD consideró inadmisible la intromisión, reprochó que la policía estatal se enteró dos horas después y cuestionó que las autoridades mexiquenses no actuaron a tiempo, Carlos Loman de Encuentro Social llamó a no criminalizar a la población y advirtió que los robos fueron hechos por infiltrados. Brenda Escamilla del PAN también reprobó los hechos y exigió esclarecerlos.
Javier González del PT hizo una condena enérgica del abuso de la policía de la CDMX, llamó a abrogar la llamada “Ley Atenco” y pidió la renuncia del secretario de Seguridad capitalino, Raymundo Collins, mientras Liliana Urbina rechazó cualquier manifestación de violencia; demandó que se hagan investigaciones, reparaciones de daños y se sancione a los responsables.
Gabriel Gutiérrez de Morena reclamó la falta de solidaridad y apoyo del gobierno estatal y del municipal de Tlalnepantla y cuestionó por qué el gobernador no había emitido ninguna protesta.