La presentación en comisiones de las iniciativas de Ley de Amnistía para el Estado de México generó posiciones encontradas entre diputados de Morena y de Acción Nacional, pues este último consideró que esa norma no es necesaria, pese a los argumentos de morenistas, en torno a que en el Estado de México existe fabricación de culpables, de delitos, la criminalización de jóvenes y personas injustamente presas.

Durante la primera reunión de las comisiones Unidas los legisladores de Morena explicaron que la norma busca hacer justicia a quienes siendo inocentes están en prisión, o no tuvieron acceso a un debido proceso, o se les vulneraron sus derechos, entre otros; y el diputado Max Correa pidió establecer el formato de parlamento abierto para invitar a las distintas partes a la discusión y abrir el debate a todos los sectores.

Diputados del PRI y del Partido Verde consideraron la necesidad de invitar a representantes de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial mexiquense para analizar las propuestas de Ley de Amnistía y Correa dijo que también a organizaciones y a familiares de víctimas.

La única bancada que se opuso abiertamente fue la del PAN, pues José Antonio García opinó que ya existen programas como el de preliberación y esa norma sería innecesaria, mientras Ingrid Schemelensky opinó que en medio de la emergencia sanitaria la norma no es prioritaria y no pueden premiar a quienes han delinquido

Las posturas

Mariana Uribe de Morena destacó que la propuesta busca una Ley de Amnistía porque el sistema penal ha generado víctimas de violaciones a derechos humanos y la mayoría son personas vulnerables y pobres.

El 22 de abril del 2020 se expidió la Ley federal en la materia, donde se establece que los congresos locales debe promover normas similares, y la propuesta de Morena es beneficiar a mujeres, a menores, a personas de sectores vulnerables, indígenas, personas con discapacidad, quienes padezcan una enfermedad terminal o crónico degenerativa, a mayores de 60 años.

También a quienes hayan cometido un delito por indicación de su cónyuge, concubina, concubino o algún familiar, u obligados por la delincuencia organizada, pero no para violaciones graves a derechos, y refirió que en el Estado de México por lo menos 100 mujeres del 2018 a la fecha han sido encarceladas, de las cuales 19 han sido detenidas entre enero y febrero de este año.

Además, en el ámbito nacional son 4 mil mujeres en prisión, pese a que organizaciones defensoras de la vida dicen que no hay, la organización Gire ha informado que entre 2017 y 2016 suman 4 mil 246 las mujeres denunciadas por abortar y mientras 83 cumplieron prisión preventiva, otras 53 definitiva, de las cuales 38 fueron sentenciadas en el Estado de México de acuerdo con el estudio "Maternidad a castigo" elaborado con solicitudes de información.

En septiembre del 2018 los resultados del Censo de Población Indígena Privada de la Libertad, agregó, mostraron que en el país de más de 207 mil 432 personas privadas de su libertad en 2017, el 3%, es decir, 6 mil 698 fueron indígenas.

Max Correa, también de Morena, dijo que la propuesta de su bancada va más allá de la federal y explicó que deben existir jueces especializados quienes contarán con plazos muy cortos para resolver el caso que se les presente. Además, a diferencia de la ley federal no se crearía una comisión externa porque ese órgano podría retrasar todo, pero sí una especial en el congreso para dar seguimiento a casos especiales.

Opinó que ese instrumento puede generar una reconciliación de la sociedad, justicia, construir paz y despoblar las cárceles, al tiempo de atender recomendaciones de organismos Defensores de Derechos Humanos, pero también los llevará a revisar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Poder Judicial así como de la política de readaptación social.

Propuso aplicar el parlamento abierto, a fin de garantizar la participación de la ciudadanía e invitar al alto comisionado de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, colegios de abogados y organizaciones defensoras de la vida y la familia, a fin de tener una ley de amnistía que sirva, haga justicia y propuso realizar tres sesiones los días lunes miércoles y viernes.

También destacó que no buscan liberar a delincuentes, pero muchas personas privadas de su libertad tenían un empleo, sostenían una familia y por condiciones de vulnerabilidad al ser indígenas, campesinos o criminalizados por su apariencia, o por ejercer derechos están privados de su libertad y destacó el caso de Arturo Popov, en Malinalco quién por defender su agua frente un empresario está privado de su libertad y le han inventado delitos.

Juan Maccise del PRI pidió integrar a especialistas de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial, mientras Alicia Mercado de Morena consideró que se debe tutelar a los sectores vulnerables y María Luisa Mendoza del PVEM también consideró que deben invitar a funcionarios y al ciudadano Humbertus Pérez Espinoza, autor de una de las iniciativas.

Sin embargo, José Antonio García del PAN afirmó que existen mecanismos como la preliberación y programas específicos, criticó que buscan perdonar delitos, sin considerar la situación jurídica del individuo y consideró que la ley no es necesaria, pues ejemplificó que la norma federal aprobada no ha liberado a una sola persona y opinó que permitirá dejar en libertad a quien vendió droga y a quién robó.

No hay, agregó, herramientas para dar un seguimiento real a las personas beneficiadas, lo cual sería alarmante, pues podrían volver a delinquir.

Consideró que podrían entrar al programa de preliberación y dijo que en Acción Nacional no quieren las calles llenas de delincuentes, mientras su compañera de grupo Ingrid Schemelensky también consideró que no pueden premiar a quienes han cometido delitos, rechazó la ley en plena emergencia sanitaria y opinó que es más prioritario un plan económico.

La legisladora del PAN aseguró que ninguna iniciativa prevé un seguimiento real para la reinserción social y se violentaría la Ley de Víctimas. Opinó que La propuesta de Pérez Espinoza es ambigua y va más dirigida a exigir mejoras en los procesos, mientras en la del PT se incluyen delitos contra la salud que no deben alcanzar amnistía y las personas indígenas deben contar con un traductor.

Opinó que no debe otorgarse amnistía a quienes abortaron, y opinó que la iniciativa de Morena no es clara, no contempla un impacto presupuestal, atenta contra las víctimas, la reparación del daño y genera impunidad.

Julio Hernández de Morena pidió escuchar a las familias de víctimas que reclaman justicia y aclaró que no buscan liberar delincuentes, pero hay fabricación de culpables, mientras su compañero de bancada

Max Correa reviró que quedarán a salvo los derechos de las víctimas, con la iniciativa, pero advirtió que con falsos culpables no hay justicia ni para la persona injustamente presa, ni para la víctima y sentenció que no pueden mantener verdades históricas con personas injustamente presas.