El Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad ha radicado 286 denuncias, de las cuales, 220 están en trámite en contra de servidores públicos de ese órgano, aunque 66 han prescrito.
La mayoría se han presentado por la dilación en el trámite de los expedientes, en el dictado de acuerdos, en el seguimiento procesal de los juicios y en el cumplimiento de las sentencias en todas las zonas del Estado de México, pues el malestar por la tardanza es generalizado.
También han sido por supuesto conflicto de intereses, por no dar atención a las resoluciones de transparencia, no atender los requerimientos y la semana pasada les llegó una más de una posible red de corrupción en el Valle de Toluca que comenzarán a investigar.
El titular del Órgano de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, Everardo Camacho entregó su primer informe de labores a la Junta de Coordinación Política y señaló que hay unos 320 servidores públicos para todo el Estado de México y las salas tienen de mil a o dos mil expedientes en trámite y emiten de 100 a 120 sentencias al mes; por lo cual es urgente fortalecer la capacidad humana.
La mayoría del personal, comentó, tiene salarios promedio de ocho mil a 10 mil pesos, con una fuerte carga de trabajo y representan poco personal; por lo cual también es necesario mejorar las condiciones del personal de abajo hacia arriba, pero no en las magistraturas.
“Que empecemos a fortalecer al operativo, a la persona que proyecta los expedientes, que hace las sentencias, a las personas que hacen las notificaciones y a los secretarios de acuerdos”.
Dijo que han llevado casos como el de un vehículo que no aparecía, estaba siniestrado, pero no se cobró el seguro y hay varios asuntos de pensionados del ISSEMyM, quienes al tribunal impugnan los montos de pensiones o el hecho de que no se las entregan y ante el órgano de control reclaman la tardanza en resolver.
Camacho dijo que a su llegada no encontraron el marco adecuado para realizar sus funciones y varios meses se les fueron en hacer gestiones y en que se aprobara el reglamento.
El Tribunal, precisó, es el ente encargado de procurar la buena administracion pública y en la medida en que lo fortalezcan se dirimirán de mejor manera las controversias entre ciudadanos y el Estado, por lo cual se deben mejorar la condiciones de las personas y fortalecer la plantilla personal de abajo hacia arriba.
Durante su primer año de gestión, comentó, auditaron el fondo auxiliar para la justicia administrativa y realizan verificaciones para que los secretarios de acuerdo cumplan con las obligaciones que les impone la ley sobre informar.
Señaló que seguirán peleando como tribunal para que las nóminas, es decir, el pago al personal del tribunal no lo siga manejando la secretaría de finanzas, pues son un órgano autónomo.
Uno de los obstáculos que ha encontrado en el tribunal, en su primer año de trabajo, ha sido la resistencia de las y los magistrados a ser fiscalizados, pues no estaban acostumbrados a que les revisaran; también la reforma al reglamento que tardaron en aprobárselas y el hecho de que les aprobaron 20 plazas, pero solo les dieron nueve y buscan que se las reincorporen.
En 2019 el tribunal solicitó a Finanzas un dictamen para crear el órgano interno de control y se señalaron 20 plazas, de las cuales, once se asignaron a otras unidades administrativas y solo dejaron la del titular y las de otras ocho personas, pero el resto fueron a otras áreas.
Advirtió que no buscan tener órganos obsesos, pero sí funcionales y consideró que las y los diputados locales deben conocer las actuaciones de los OIC, como ya se ha propuesto, y por eso él decidió entregar su informe al Congreso local.
