Toluca, México.- Pese a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) insiste en que se ha indemnizado en su totalidad a las comunidades por donde pasará el Tren Interurbano México-Toluca, comuneros de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, se mantienen firmes en su reclamo por 42 mil metros cuadrados más, que consideran han sido ocupados de forma ilegal por el Gobierno federal.
Santiago Pérez Alvarado, representante jurídico de la comunidad de Acazulco, explicó que el convenio de indemnización de 2015 se hizo sólo por 172 mil metros cuadrados, pero tras realizar un recorrido conjunto con la SCT, se definió que podría haber una ocupación ilegal de otros 42 mil metros cuadrados.
“Demostramos en recorridos que hicimos con la SCT que había más de 42 mil metros que tomaron, y dijo el oficial mayor de la dependencia, si hay tierra de más, se paga”, sostuvo Pérez Alvarado durante una rueda de prensa este jueves.
“Hicimos el plano de cabildeo, dijeron que iban a consultarlo y de un día para otro llegan y dicen que no hay tierra de más”.
El pasado 20 de abril, la SCT informó mediante un comunicado que los terrenos que reclaman los comuneros eran propiedad federal, expropiados en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 1943, y cedidos por la empresa paraestatal a la SCT para dar cabida al tren.
“La SCT indemnizó a quienes aprovechaban los terrenos del derecho de vía de las torres de la CFE, a fin de lograr su desocupación, según consta en el convenio firmado entre la representación comunal y la Secretaría el 16 de octubre de 2015, previa autorización de la Asamblea de Comuneros efectuada seis días antes (9 de octubre de 2015), donde se otorgó la transmisión de derechos de posesión de una superficie de 172 mil 292.47 metros cuadrados”, detalla la dependencia federal en su comunicado.
La indemnización entregada a la representación de la comunidad de los pueblos de San Jerónimo Acazulco y de Santa María Tepezoyuca fue determinada con base en los avalúos del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), como lo marca la ley, detalla la SCT.
Asimismo, en el juicio de amparo 109-2018 en la página 29, desglosa que el 9 y 15 de marzo del presente año, se realizaron dos dictámenes en la materia y se definió que aunque las tierras reclamadas están territorio de la comunidad de Acazulco, ya no forman parte de la misma, pues fueron expropiadas con el Decreto Presidencial de 1943, así como del Convenio de Trasmisión de Derechos de Posesión de Terrenos de Bienes Comunales de San Jerónimo y Santa María, detalla el documento del juicio de amparo promovido por primera vez el 19 de enero de 2018.
Los dictámenes fueron efectuados por dos peritos en topografía, quienes hicieron un dictamen topográfico apoyado de un análisis cartográfico catastral y fotogramétrico del lugar.
Al respecto, Pérez Alvarado afirmó que hay un análisis en proceso para definir y negociar con la SCT la afectación de los 42 mil metros cuadrados.
“El (juicio) 109 fue para tener que buscar por la vía legal una conciliación (con la SCT) sobre los 142 mil metros, pero a parte de ocuparlos daña el ecosistema”, precisó el abogado.
Insistió en que se requiere un plan integral que considere las afectaciones ecológicas, sociales e incluso culturales de la región y se propongan soluciones al respecto.
Según el desglose, son más de 220 mil metros cuadrados los ocupados para las obras del tren que abarcan 117 kilómetros a lo largo por 140 metros a lo ancho.
“En realidad hay más de 220 mil metros ocupándose, entonces no desconoce la asamblea los convenios aunque fueron hechos a modo”, dijo el litigante.
Carmelo Plata, comunero y representante de San Jerónimo Acazulco, reveló que hace un mes y medio en una asamblea general, la comunidad decidió desconocer como representante de Bienes Comunales a Marcelo Narváez de la O y nombrar un comité de seis personas como nuevos representantes, tal como marcan los usos y costumbres de su localidad.
