Este año el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ha presentado cuatro denuncias penales por obras pagadas y no ejecutadas y en 2022 inició otras dos contra personas ahora ex servidoras públicas del OSFEM: una por soborno y otra por falsificación de documentos y de firmas.
En una entrevista la auditora superior del Estado de México, Miroslava Carrillo, señaló que en ambos casos se siguen las investigaciones en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Obras
La auditora superior explicó que en el tema de obras ha sido recurrente encontrar obras pagadas, pero no ejecutadas, y aún cuando se realicen posteriormente, hay una sanción a la conducta.
Destacó que en este tema la programación es muy importante, pues no se puede presupuestar algo que no esté programado. "Las entidades no programan, van desahogando los asuntos", precisó.
Lo ideal, dijo, es que el contralor municipal detecte cuando no se realice una obra e inicie las denuncias.
"Llevamos cuatro denuncias penales por tema de servicio público", precisó y añadió que deben guardar sigilo sobre las personas que se investigan.
También, añadió, esperan que culmine la auditoría para tener copias certificadas de la información y poderlo sustentar jurídicamente.
La auditora superior señaló que las entidades tienen la posibilidad de reprogramar la obra o de ampliar el convenio, pero todo debe documentarse.
Ex servidores
En cuanto a las denuncias que se iniciaron contra ex servidores del Órgano Superior señaló que aún no hay sentencia. En el primer caso un servidor público denunció a otra persona por soborno y el caso sigue en litigio.
Se trataba de una servidora del área administrativa del OSFEM, quien pedía sobornos a los ayuntamientos a cambio de extender el plazo para solventar las observaciones.
El segundo asunto fue una persona del área jurídica que subcontrató a dos personas en plena pandemia donde falsificó la firma de la auditora superior.
La persona, explicó Miroslava Carrillo Martínez, fue vinculada a proceso por falsificación de documentos oficiales y de firmas. Ambas denuncias las presentó en el año 2022.
Actualmente, señaló, las personas servidoras públicas del OSFEM firman un documento de confidencialidad de la información porque la Ley de Responsabilidades obliga a guardar el sigilo de la información y a no llevársela.
Además, están trabajando en actualizar sus expedientes.