¿Cuántas sentencias condenatorias han aplicado a servidores públicos del Edomex por casos de corrupción?

En lo que va de este año se integraron cuatro mil 987 carpetas por hechos de corrupción, casi todas cometidas por funcionarios públicos

Violeta Huerta | El Sol de Toluca

  · martes 24 de octubre de 2023

Las y los ministros evaluaron los conocimientos de las personas aspirantes y definieron una terna de mujeres y una de hombres. Cortesía | Poder Judicial

Durante el último año, en la entidad mexiquense se integraron cuatro mil 987 carpetas por hechos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas y una por un particular, la gran mayoría por abuso de autoridad; de las cuales cien fueron judicializadas y 35 derivaron en una sentencia condenatoria, de acuerdo con el último informe del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios del ejercicio 2022-2023.

Además, se iniciaron siete mil 397 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales, seis mil 113 concluyeron con sanción firme.

El Sistema Anticorrupción del Estado de México reportó que entre octubre del año pasado y el mismo mes del 2023 también han sancionado a 120 personas por faltas graves y a dos mil 470 por faltas no graves.

Asimismo, iniciaron dos mil 79 auditorías, de las cuales se concluyeron mil 755 y las concluidas con responsabilidad fueron 275. De ellas, la mayoría fueron de la Secretaría de la Contraloría, de los órganos internos de control municipales, seguidos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Fiscalía mexiquense.


Procedimientos

En cuanto a los procedimientos de responsabilidad administrativa se iniciaron siete mil 397, principalmente en la Secretaría de la Contraloría con cuatro mil 633, seguidos de los órganos internos de control municipales con mil 930, y en la fiscalía mexiquense fueron 348.

Otros 165 en el Poder Legislativo, 115 en el Poder Judicial, 95 en la Universidad, 34 en el Órgano Superior, 15 en el Instituto de Transparencia, nueve en la Comisión de Derechos Humanos y en el Tribunal Electoral y 20 del Tribunal de Justicia Administrativa.

Los procedimientos concluidos con sanción firme fueron seis mil 113 y de esa cifra cuatro mil 454 correspondieron a la Secretaría de la Contraloría, mil 267 a los municipios, 226 al Poder Legislativo, 82 a la Fiscalía Mexiquense, 57 al Poder Judicial, 12 al Tribunal de Justicia Administrativa, seis a la Comisión de Derechos Humanos, cuatro al Órgano Superior y otros cuatro a la Universidad.

Los órganos municipales realizaron cinco indemnizaciones efectivamente cobradas por tres millones 59 mil 996 pesos.


Carpetas

La Fiscalía integró cuatro mil 987 carpetas sobre casos de corrupción, de las cuales cien fueron judicializadas, 648 con hechos determinados, 35 con sentencia condenatoria.

Del total, tres mil 506 fueron por abuso de autoridad, 259 por cohecho, cinco por peculado, otras cinco por incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, tres por uso ilícito de atribuciones y facultades, otras tres por intimidación, dos por tráfico de influencias, una por ejercicio abusivo de funciones y una por enriquecimiento ilícito.


Recomendaciones

También se hicieron siete recomendaciones no vinculantes: una al ayuntamiento de Temoaya para los integrantes del comité de ética, a fin de que garantizarán que las personas servidoras públicas conocieran y aplicaran las disposiciones del Código de Ética, otra más a ocho órganos internos de control municipales para remitir un informe de los procedimientos iniciados que culminaron con sanción firme, y en su caso, las indemnizaciones cobradas.

La tercera recomendación fue a presidentes municipales para realizar los registros en los sistemas dos y tres de la plataforma digital estatal, la cuarta a alcaldes para realizar las gestiones que permitieran instalar el sistema municipal anticorrupción, también una presidentes municipales para instalar su sistema municipal anticorrupción, otra a los comités coordinadores municipales para que remitieran su informe anual y una más a los órganos internos de control que omitieron atender, o lo hicieron parcialmente, la solicitud de información sobre el diagnóstico de acciones en materia de prevención, detección y disuasión.

El informe detalla que no todos aceptaron las recomendaciones e incluso algunos alcaldes no respondieron a esos llamados.