A poco más de un año de haberse implementado la Ley de Amnistía en el Estado de México, suman 4 mil 820 solicitudes de amnistía promovidas por la vía ordinaria, es decir, bajo los supuestos a los que hace referencia el artículo 4 de la Ley de Amnistía.
Lo anterior de acuerdo con el Informe General de Resultados presentado por la Consejera Jueza Maestra de la Judicatura local, Edna Edith Escalante Ramírez, en el marco del foro Análisis de Amnistía, convocado por el Poder Judicial del Estado de México.
Del universo total de amnistías otorgadas, no se tiene registro de reincidencia, lo que se traduce en el efectivo propósito de la amnistía, destacó.
Hasta el 5 de abril de este año, en la vía ordinaria se recibieron 4 mil 820 solicitudes de amnistía, de las cuales 2 mil 898 fueron admitidas, 123 casos prevenidos y mil 775 desechadas por no cumplir con los requisitos.
Actualmente se encuentran en estudio un total de 24 casos
De las 2 mil 697 solicitudes presentadas ante el Juzgado de ejecución, 2 mil 037 fueron procedentes y 320 improcedentes.
Edna Edith Escalante Ramírez destacó que de las 4 mil 820 solicitudes de amnistía, 2 mil 828 (59%) fueron efectuadas por los defensores públicos; mil 787 (37%) fueron promovidas por los imputados; 139 (33%) por familiares de los beneficiarios y 66 (1%) más por organismos defensores de derechos humanos.
Clasificación de las solicitudes por delitos
La Consejera Jueza Maestra de la Judicatura local detalló que el delito de robo es el que mayor número de solicitudes de amnistía tiene, con dos mil 360 y los delitos contra la salud con 10.
Además de los delitos de abigeato (3), uso de objeto o documento falso (1) y evasión y daño en bienes (1).
Sin embargo, también se han otorgado amnistías por delitos graves, entre ellos el homicidio (1) y la violación (1).
Respecto de las solicitudes recibidas por la Comisión Especial de la Legislatura local, Edna Edith Escalante señaló un total de mil 151, de las cuales 746 (65%) fueron recibidas por la vía electrónica y 405 (35%) físicas.
“Actualmente estas solicitudes se encuentran en proceso de resolución para efecto de otorgar una opinión favorable o desechamiento o bien, prevención, por no cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en la propia Ley de Amnistía”, destacó la Consejera Jueza de la Judicatura mexiquense.
Recalcó que se realiza un estudio individual de cada una de las solicitudes de amnistía recibidas, con base en los criterios de relevancia expuestos por la Comisión Legislativa, bajo una metodología jurídica con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
A la par se realiza un diagnóstico integral para identificar las principales causas o desviaciones a la tutela de derechos humanos, el cual ha permitido identificar que las causas principales son violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, malos tratos en la detención o identidad de defensores y de víctimas.
De las mil 151 solicitudes recibidas por la Comisión Legislativa, 182 son por el delito de secuestro, 292 por homicidio, 10 por feminicidio, 88 por extorsión, 124 por violación, 444 por robo, 7 por abuso sexual, 3 por lesiones y una más por despojo.
De ese mismo universo total, 24 (3%) solicitudes fueron promovidas por organismos de derechos humanos, 742 (64%) por asociaciones y 385 (33%) por particulares.
“Es importante establecer que hasta este momento no tenemos ningún amparo de fondo concedido en revisión. Mientras que amparos de fondo negados en revisión tenemos 7, amparos otorgados exclusivamente para admitir a trámites solicitudes de amnistía tenemos 5, amparos negados por ser improcedente la petición tenemos 22 y actualmente aun se encuentran en trámite 7 peticiones en amparo”, detalló la Jueza.
Actualmente hay 859 personas identificadas como candidatas a obtener el beneficio de la amnistía, sostuvo la Consejera Jueza Maestra de la Judicatura local, Edna Edith Escalante Ramírez, razón por la que el principal reto es que se garantice la “segunda oportunidad” por medio de la vía ordinaria a quienes cumplen el perfil para ello.
En este contexto, se requiere el diseño de un programa institucional que permita considerar opciones para tener por satisfecha la reparación del daño como requisito para la obtención de la amnistía, siendo las mujeres la prioridad, debido a las carencias socioeconómicas y familiares que prevalecen en ese sector.
Opiniones
En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Amnistía de la Legislatura local, Sergio García Sosa, expresó que la Ley de Amnistía es sinónimo de una segunda oportunidad para las personas a fin de que se reivindiquen ante la sociedad.
Sin embargo, dijo, dicha ley tiene retos diversos, entre ellos el análisis y conocimiento de cada una de las solicitudes.
“El trabajo decidido, solidario e incansable, es lo que genera grandes avances. En nuestras acciones se sustentan darle certidumbre y tranquilidad de muchas familias que están en espera de una resolución. Es nuestro compromiso actuar de manera eficiente, comprometida y expedita”, señaló el legislador.
De acuerdo con Claudia González, periodista mexiquense, uno de los principales retos a enfrentarse en torno a la aplicación de la Ley de Aministía en la entidad, es la transparencia, pues prevalece la opacidad por parte de instituciones como la Fiscalía General de Justicia estatal e incluso del Poder Legislativo.
Por lo anterior, llamó a consolidar la transparencia y acceso a la información de los periodistas y medios de comunicación en la fuente judicial, a fin de informar a los ciudadanos las características por las cuáles son procedentes o improcedentes las solicitudes de amnistía, según sea el caso.
En su intervención, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, destacó la importancia de desarrollar parámetros para categorizar las amnistías en delitos de alto impacto, con la finalidad de detectar en qué casos es procedente y en cuales es improcedente.
“Necesitamos llevar a cabo una revisión integral de nuestro modelo de justicia penal en el Estado de México, los invito a que seamos pioneros en este esquema, hagamos una revisión de cara a la sociedad de nuestro Código Penal, quitar conductas que deben de estar en el ámbito del derecho administrativo sancionador, que ya no deben ser delitos, pero no significa que deben ser permitidas esas conductas”, destacó el titular del Poder Judicial estatal.
En este sentido, dijo, el nuevo modelo debe “adelgazar” el Código Penal para concentrar sólo las conductas consideradas como importantes, mientras que el resto de los delitos sean concentrados en una Ley de Justicia Cívica.
“No todo debe ser delito, pero los delitos de alto impacto sí merecen ser investigados, perseguidos con toda la fuerza del Estado, son los que más lastiman a la opinión pública y lo que más lastima a nuestra sociedad y lo que nos hace tener un ambiente de percepción de inseguridad en nuestra sociedad”, apuntó.