La recientemente aprobada Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México, no aporta acciones nuevas ni novedosas al marco jurídico que ya se tenía, consideró Roberto Ortiz Ortega, activista en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
“No veo nada nuevo, no sé por qué se atreven a decir que lo es cuando es una ley que no está contribuyendo a un sector que está totalmente olvidado, no hay una política pública que realmente lo esté incluyendo”, expresó.
El también ex director del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, señaló que esta nueva ley sólo hace cambios en términos y, pese a que la finalidad es garantizar el pleno derecho de las personas con discapacidad, no hubo cambios reales en la legislación.
“Realmente no dice nada nuevo, es un refrito de una ley que ya existía, habla de un instituto que ya existía, habla de un consejo consultivo que ya existía, de una plataforma digital para hacer un registro de personas con discapacidad que ya existía, no veo nada progresivo, nada nuevo”, aseguró Ortiz Ortega.
Indicó que varios de los temas que la nueva ley contempla, tales como el registro de población de personas con discapacidad, ya existían en la legislación, por lo que consideró innecesaria una nueva ley.
“El registro de población de personas con discapacidad ya existía, un equipo del Instituto de Salud creó este sistema para poder tener un padrón, no sé por qué no se ha echado a andar si ya estaba hecho. Igual en 2018 se creó el primer consejo consultivo del instituto, entonces no sé por qué hablan de un consejo u órganos que ya estaban.
Todo parece indicar que lo único que hicieron fue maquillarlo, ponerle nombre y volverla a echar a andar pero con las mismas deficiencias o hasta peores que las que había antes”, aseguró Roberto Ortiz.
Al ser cuestionado sobre cuáles habrían sido las acciones que debieron contemplarse en la nueva ley, el activista señaló que de inicio, el Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad pudo ser catalogado como organismo autónomo y que personas con discapacidad fueran quienes lo dirigieran.
El entrevistado agregó que al hablar de la inclusión de las personas con discapacidad no sólo se debe contemplar el contratarlas en los centros laborales, sino el ofrecer herramientas para que ese sector pueda recibir una educación que contribuyan en su formación laboral de manera adecuada.
“El hecho es de ofrecer herramientas para que las personas con discapacidad se puedan formar en lo educativo, en lo laboral y que puedan tener una inclusión real, además de dotar a las instituciones educativas de herramientas para que se garantice su accesibilidad física, tecnológica, humana, que no la hay”.
Sensibilización y conciencia
Roberto Ortiz consideró necesario dotar a los centros laborales de infraestructura y tecnología para que permitan la inclusión de las personas con discapacidad y, entre la población en general, promover la sensibilidad y concientización sobre el trato a ese sector.
Ejemplificó que con el sólo hecho de que en el servicio público se reserve espacios para personas en situación de discapacidad y sus animales de asistencia, no es suficiente.
“¿De qué te sirve que te reserven un lugar en el camión cuando no te reservan un espacio educativo o un espacio laboral accesible?”, acusó.
El ex director del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad indicó que en el marco de la pandemia de la Covid-19, la educación de las personas con discapacidad quedó en el abandono.
“Los centros o las organizaciones que les brindaban (a las personas con discapacidad) cuestiones educativas e inclusión social, ahorita están cerradas por el tema de la pandemia. Yo no he visto actualmente una política pública de inclusión en esta pandemia e incluso, si de por sí antes se nos veía raro, ahora con una pandemia está más segregado el tema”, lamentó.
