En un plazo no mayor a seis meses deberá armonizarse la Reforma Judicial de la entidad mexiquense, porque ésta se encuentra en el último lugar en acceso a la justicia y el Estado de Derecho, motivo por el cual muchos padres de familia se mantienen a la espera de lograr la custodia de sus hijos o realizar algún procedimiento en este rubro.
Luego de indicar lo anterior, Octavio Martínez Vargas, legislador de Morena, reconoció que se tienen retos muy importantes en esta materia porque dicha reforma plantea 23 modificaciones a la Constitución, cuatro adiciones y la derogación de tres artículos.
De esta forma, el diputado local presentó en nombre del Grupo Parlamentario de Morena una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de reforma al Poder Judicial, en donde aseguró que el viejo régimen de la entidad mantiene el control en términos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
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'Los integrantes del Poder Judicial no se sonrojan frente a esto, y siguen considerando más importante la frivolidad, los negocios, la corrupción y no que en realidad los ciudadanos tengan acceso a la justicia. Por ello, vengo a nombre del Grupo Parlamentario de Morena a plantear la Reforma Constitucional en esta materia', indicó.
Esta reforma, abundó, se enmarca en la obligación que tenemos los Congresos de los estados de la República con el propósito de armonizar la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial Federal que establece un plazo no mayor a seis meses a efecto de su armonización.
'Estamos dando cumplimiento a esta obligación que nos ha mandatado el Poder Legislativo federal, y quiero subrayar que en el Estado de México en los 22 reclusorios existe una población penitenciaria de cerca de 34 mil internos -tanto hombres como mujeres-, muchos de ellos procesados y sentenciados de manera injusta porque son personas a las que se les ha fabricado delitos', apuntó.
Dicho panorama, dijo, parece ser que no le interesa al Poder Judicial, 'porque tienen a delincuentes en la calle y a muchos inocentes en prisión. Existen innumerables juicios en perjuicio de la colectividad y del interés público de nuestro estado'.
De igual forma, Martínez Vargas lamentó que existan sectores que se encuentren de acuerdo con el statu quo del Poder Judicial, pero quienes realmente representan a la sociedad deberían estar analizando lo que sucede diariamente con personas justiciables que siguen esperando acceso a la justicia.
También mencionó que esta reforma contempla puntos trascendentales para el Estado de México, como el punto de que ningún magistrado podrá ganar más que el titular o la titular del Poder ejecutivo federal, porque en la actualidad tienen salarios por arriba de los 300 mil pesos mensuales, así como guaruras, gastos de representación, seguros de gastos médicos mayores y viáticos.
'Un tribunal rico y justiciables pobres, y ahora se plantea un Poder Judicial verdaderamente austero que no pierda de vista el fin último de su existencia y la necesidad de un estado democrático', señaló.
Finalmente, se registró esta iniciativa y fue remitida a las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictaminación.