Cuatro servidores públicos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México denunciaron acoso laboral y en dos casos de tipo sexual, además de la violación a sus derechos por parte de sus superiores.
En conferencia de prensa, realizada en conocido hotel de esa demarcación, estimaron que en esa situación se encuentran cerca de 50 personas que no han alzado la voz por temor a represalias por el cambio de adscripción, de un personal de 230 trabajadores. No obstante ellos ya iniciaron procesos en diversas instancias.
Por su parte, la dependencia en cuestión, posterior al pronunciamiento, informó que los casos de adscripción son analizados individualmente y uno más se encuentra en proceso, por lo que no pueden darse más detalles del asunto, además de refrendar su compromiso con el bienestar de las y los servidores públicos que laboran en esa secretaria.
La defensora pública del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, Rocío Ronquillo García, al expresar la situación a la opinión pública, dijo “por parte de nuestros compañeros es un silencio absoluto por miedo, por parte de nosotros se iniciaron tres quejas en la Comisión de Derechos Humanos y una en la Comisión Nacional”.
Hasta ese momento y al no tener una respuesta concreta solicitaron la intervención o audiencia con el gobernador para pedirle la remoción de los servidores, pues a su decir han cometido faltas y no han respetado sus derechos humanos y laborales, como el cambio de adscripción que se hizo sin sustento y en algunos casos ha afectado su salud e integridad.
A exponer cada uno de los casos, el defensor público, adscrito a los juzgados Familiares de Otumba, Brian Reza Carrillo, indicó que desde el 2014 fue cambiado de área de trabajo de Toluca a la Asesoría en la región oriente de la entidad, en donde se le han agudizado sus problemas de salud, pues se le diagnosticaron convulsiones epilépticas supuestamente asociadas al estrés, presión y hostigamiento laboral.
Indicó que desde el 2016 pidió su cambio de adscripción a la capital mexiquense por su enfermedad, pero no hay respuesta, por lo tanto inició un proceso administrativo y una queja en la Comisión de Derechos Humanos estatal, la cual se esta integrando y un amparo en los Juzgados de Distrito.
Julia Gabriel Hernández Salazar, quien es personal administrativo asignada a la Dirección General de la Zona Nororiente de la Defensoría Pública, opinó que “pisotean sus derechos como mujer y servidor público”, tras 12 años de servicio.
Recientemente se le cambió de adscripción de Ecatepec a Tlalnepantla, a su parecer sin fundamento, pues no va a cubrir a algún otro compañero.
Refirió que ha sufrido hostigamiento laboral, sexual y emocional por parte del titular regional de esa institución, cuyos reclamos no han sido escuchados.
En total coincidencia se expresó la defensora pública, María Yoalli Aguilera, quien con 10 años de servicio fue trasladada de Texcoco y actualmente adscrita a los juzgados civiles y familiares de Tecámac, hecho que le implica una hora y media de traslado en transporte público. Posteriormente fue trasferida a Ecatepec, supuestamente bajo el argumento “de ser soltera y no tener hijos”, explicó.
Recalcó que cuando tuvo un problema de salud en las vías respiratorias empezaron sus conflictos con su superior al pedir permiso para tratar su enfermedad e incluso supone se le han promovido actas en su contra.
Ronquillo García dio a conocer los pormenores de su situación, en la que ha existido supuesto mobbing, amenazas verbales, burlas, tareas humillantes, tres días sin efectuar alguna actividad y aislamiento, a lo que pidió frenar esa situación.
De cuatro años a la fecha, precisó, interpuso dos juicios de amparo en contra de dos jueces del Poder Judicial, y otros recursos en defensa de sus derechos.
“¿Cuál es el problema? ¿Defenderme del maltrato al que soy sometida?”, cuestionó y demandó se limpie su nombre, además de reparar el daño personal así como laboral.
En ese sentido, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos comunicó que el asunto de Ronquillo García se encuentra en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y por tratarse de un litigio se encuentran en proceso, por lo tanto los detalles deben mantenerse entre las partes.
Asimismo, agregó, se ha respondido a todas las solicitudes del Tribunal y se han ofrecido opciones para alcanzar una solución favorable para los involucrados.
Respecto al cambio de adscripción de Reza Carrillo, Aguilar López y Hernández Salazar, de manera individual son analizados sus casos para ser atendidos sin dejar de lado la obligación de esta dependencia de brindar defensa penal y patrocinios en materia civil, familiar y administrativa a las y los mexiquenses.
Además de reiterar su compromiso con “el bienestar de las y los servidores públicos que aquí laboran, y con la justicia y el respeto de los derechos humanos de todas las personas en el Estado de México”.
