Toluca, México.- Alrededor de 800 madres de familia de diferentes partes del Estado de México, como Toluca, Atlacomulco, Tejupilco y San José del Rincón, se están viendo afectadas desde hace tres años debido a irregularidades en el pago de las pensiones alimenticias de sus hijos, las cuales incluyen: bonos y aguinaldos, proceso que debe llevar a cabo Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).
En entrevista, al acudir a las instalaciones de El Sol de Toluca, representantes de las personas inconformes lamentaron que hasta ahora las autoridades correspondientes nos les hayan hecho ningún tipo de caso, e inclusive se encuentren enfrentando malos tratos y “represiones verbales” por parte del personal de los SEIEM, específicamente del área de Pagaduría.
Calificaron de “increíble” el hecho de que señoras como Filiberta Sevilla a la fecha no haya podido cobrar un cheque de fecha 30 de enero del 2015 por un monto de mil 303 pesos, mientras que se tienen otros casos de personas a quienes se les deben también compensaciones y por lo menos cuatro quincenas.
“Somos mujeres divorciadas, y en su momento realizamos el trámite para recibir la pensión alimenticia, la cual nos otorgó un juez. Nuestros exmaridos son profesores, directivos o supervisores federalizados en activo que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero en los últimos meses no la hemos recibido de manera puntual, aspecto que nos ha originado diferentes problemas de liquidez”.
Detallaron que cada una de las mujeres afectadas maneja un porcentaje de pensión, el cual fue determinado en su momento por un juez, como ayuda económica para sacar adelante a sus hijos. “Pero en los últimos meses el procedimiento ha sido sumamente irregular”.
“Es lamentable que las autoridades se echen la bolita, y que en ocasiones ya ni siquiera nos contesten el teléfono. Nos canalizaron con María Guadalupe Atilano Luna, subdirectora Administrativa, pero hasta ahora no nos ha dado ninguna respuesta”.
Aunado a lo anterior, han tenido que canalizar recursos de lo que carecen en este momento para pagar abogados y trasladarse porque muchas no son de aquí, y cada vez que solicitan algún permiso se los descuentan.
Indicaron que han acudido a diferentes medios de comunicación para ver lo relacionado con los pagos, porque su situación ya resulta insostenible al tener dos o cuatro hijos, por lo que en breve acudirán nuevamente ante la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem) a interponer la denuncia correspondiente, así como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y solicitarán una audiencia con el gobernador Alfredo del Mazo.
