Toluca, México.- Gobernadores indígenas de todo el país, encabezados por el gobernador nacional, Hipólito Arriaga, denunciaron que aun cuando registraron mil 300 candidatos a integrantes de municipios y a diputados, locales y federales en las 32 entidades del país el próximo primero de julio, ningún instituto electoral del país aceptó inscribirlos, en una violación a sus derechos.
En 2015 en la Constitución federal se reconoció el derecho de todos los indígenas a votar y ser votados para ser regidores y legisladores locales y federales por usos y costumbres y se dieron 180 días a todos los congresos locales para modificar sus constituciones y códigos electorales, a fin de garantizar su derecho a votar y ser votados, al incluir la figura de elección por usos y costumbres, pero los diputados no hicieron caso.
La y los gobernadores indígenas María Isabel Ramos, de Chiapas; Mauricio Mata Soria, de Guanajuato; Filiberto Ku Chan, de Yucatán; Ranulfo Pérez Castillo, de Hidalgo y el propio Hipólito Arriaga acusaron que detrás de la decisión de las autoridades electorales hay discriminación y racismo y exigieron respetar sus derechos.
Los gobernadores indígenas registraron candidatos, pero las autoridades electorales respondieron que solo podían aplicar lo que dice la ley, sin tomar en cuenta el artículo segundo constitucional, por lo cual han promovido juicios de derechos, a fin de que les respeten espacios de representación y puedan combatir carencias y rezagos.
Advirtieron que ahora buscarán instancias internacionales como la ONU, a fin de que se aplique el artículo dos y les reserven una dirección en cada ayuntamiento, un regidor y un diputado, para que exista unidad colectiva.
Caso Edomex
En noviembre del 2015 venció el plazo para que las legislaturas hicieran los cambios necesarios a fin de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, por lo cual la el gobernador nacional indígena Hipólito Arriaga promovió un amparo contra la Legislatura mexiquense, y un juez de distrito lo concedió para obligarlos a garantizar los derechos de esas comunidades, pues al no hacerlo, los discriminan y excluyen, pero la Legislatura impugnó.
El abogado Misael Toledo explicó que un tribunal colegiado pidió reponer el procedimiento y ahora se amplió la demanda de amparo para incluir al IEEM y al tribunal electoral, en busca de que reparen las violaciones a derechos, pues se acerca la fecha de la elección y existe el riesgo de que no pase nada y tendrán que reclamar a instancias internacionales.