Estar 17 años en prisión, sin una sentencia, es ahora el principio de la historia para Daniel García y Reyes Alpízar.

Ambos están acusados del homicidio de la entonces regidora panista de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido en septiembre de 2001. Fueron encarcelados un año después para protagonizar un juicio que aún no termina. Hace unas semanas consiguieron que el litigio lo puedan continuar en libertad.

Ambos explican que pese a las presiones o torturas a las que fueron sometidos nunca culparon de dicho delito al exalcalde panista de Atizapán de Zaragoza, Antonio Domínguez, quien también fue acusado de dicho homicidio. El exedil logró salir en libertad.

García, quien era el secretario particular del ahora exalcalde panista de Atizapán de Zaragoza, admite que está iniciando su verdadera lucha para demostrar su inocencia.

Confía que el proceso pronto termine, pues sólo falta un par de peritajes y la sentencia saldría en los próximos meses.

“No se puede culpar a quien no se le ha demostrado que ha cometido un delito", argumenta en una entrevista.

Hace unos días fue al panteón a visitar a sus padres, quienes fallecieron mientras estuvo en prisión preventiva.

Desde el 23 de agosto, García y Reyes Alpízar usan un brazalete electrónico como parte de su libertad condicional.

PRESIÓN

García fue sometido a presión sicológica para involucrar a Domínguez en actos de corrupción y admitir que fue él quien ordenó el asesinato de la exregidora, pero nunca lo hizo, por ello el exalcalde de Atizapán de Zaragoza fue absuelto luego de tres años de estar en prisión.

Durante los meses siguientes a su detención, 12 personas, la mitad familiares directos: padre, hermano y primos, ingresaron también al penal de Barrientos acusados de diferentes delitos. Todos fueron absueltos y liberados posteriormente, pues dice, se demostró plenamente que todo fue fabricado.

Para García, Pedro Tamez y Eva Pérez, padres de la exregidora, son doblemente víctimas, pues además de perder a su hija fueron engañados por las autoridades al hacerles creer que ellos eran los culpables.

Reitera que logró salir de prisión después de que sus familiares y abogados ejercieron presión para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y organismos de la ONU pidieran su liberación al gobierno mexicano.

Cuando García fue recluido en 2002, sus hijos tenían 13, 15 y 18 años. Durante varios años no permitió que lo visitaran.

Ellos tuvieron que cambiarse de escuela por los ataques de compañeros y profesores, comenta Magdalena Pérez, esposa de García.

“Siempre les dije que la vida no se detiene; teníamos que seguir adelante. Si Daniel no lo hacía desde dentro, nosotros afuera, ¿cómo nos íbamos a derrotar?", expresa.

La menor de sus hijas, Aribel García, estudió Derecho, incluso ha participado en la defensa de su papá durante el proceso legal.

TORTURA

Reyes Alpízar, el otro acusado del citado homicidio, narra que fue torturado físicamente durante años para firmar una declaración como autor material, la cual se basó en el testimonio de dos personas, una de ellas rechazó después su versión.

Comenta que en los supuestos hechos se involucró a una persona identificada como Jaime Martínez Franco, quien la noche del asesinato estaba detenido en un penal del estado de Hidalgo.

“Desde el día que me detuvieron fue una pesadilla, pues ni siquiera hubo orden de aprehensión, ni de presentación”, subraya.

Para firmar su declaración ministerial, donde aceptaba su culpabilidad y la de García en el homicidio, Alpízar fue objeto de tortura por elementos de la entonces policía judicial, lo cual ocurrió en las antiguas instalaciones de la Subprocuraduría estatal de Justicia en Tlalnepantla.

“Luego de golpearme en todo el cuerpo me llevaron a un canal de aguas negras, creo era el río de los Remedios, donde me tundieron hasta el desmayo, luego de meter y sacar mi cabeza en las aguas negras, casi hasta ahogarme; de lo cual fueron testigos algunos vecinos, cuando mis gritos los hicieron salir de sus casas”, recuerda.

La tortura aplicada a Alpízar, quien hoy tiene 52 años, quedó documentada en cinco exámenes periciales oficiales, uno de ellos aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, dos a petición de la propia Procuraduría de Justicia del Estado de México y dos más por la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, documentos que se encuentran incluidos en el proceso judicial.

Las torturas recibidas aún tienen secuelas en su cuerpo, entre ellas la presencia de venas sobresaltadas en su pecho izquierdo, así como una malformación en su oreja derecha.

Incluso refiere que durante las torturas una médico legista de la entonces Procuraduría de Justicia ordenó su traslado inmediato al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes, derivado de la gravedad de su estado, lo cual está asentado en el expediente médico, donde se acreditaron más de 20 lesiones graves.

Además durante su arraigo en el Hotel San Isidro, ubicado en el centro de Tlalnepantla, Alpízar fue objeto de una presión sicológica.

“Me llevaron a mi madre y a mi esposa, y me dijeron que de no hacer lo que me decían y declararme culpable ellos le harían daño a mi familia.

Por eso varias veces intenté quitarme la vida. La primera me colgué en la regadera del penal, con un cordón que había para detener la ventana, pero que no se concretó porque la regadera se cayó por mi peso”, afirma.

Relata que cuando llegó al penal de Neza-Bordo le asignaron la zona de las "víboras", donde purgan sentencia reos con penas de 70, 80 y hasta 150 años.

Para sobrevivir en ese ambiente y obtener recursos para comer, Alpízar se dedicó por años a la pintura al óleo y acuarela; además aprendió a tallar madera para crear obras que vendía.

“El hambre incentiva el talento”, dice.

Hoy en libertad condicional comienza a vivir de nuevo a lado de sus 10 hijos, nietos y su última esposa, a quien conoció en el penal de Barrientos.