Denuncian transportistas presuntas extorsiones del crimen organizado en el valle de Toluca

Informaron la quema de autobuses en comunidades de Toluca, Zinacantepec y Almoloya de Juárez, debido a su negativa de pagar las supuestas extorsiones

Elizabeth Ríos | El Sol de Toluca

  · lunes 15 de agosto de 2022

Sse manifestaron este lunes frente al palacio de gobierno estatal. Fotos: Daniel Camacho | El Sol de Toluca

Transportistas del servicio público de diversas líneas que otorgan servicio en el valle de Toluca, se manifestaron frente al palacio de gobierno estatal para exigir el cese de presuntas extorsiones por parte del crimen organizado.

Los transportistas informaron la quema de autobuses en comunidades de Toluca, Zinacantepec y Almoloya de Juárez, debido a su negativa de pagar las supuestas extorsiones.


Durante la movilización, líderes transportistas se reunieron con el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, con el objetivo de que sus demandas sean atendidas, informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Odilón López Nava.

De acuerdo con los inconformes, desde hace dos años se dio a conocer a autoridades estatales las presuntas extorsiones en su contra, sin embargo, a la fecha estos ilícitos continúan y desde hace un par de semanas se agravaron.

Durante su movilización, los afectados dieron a conocer su temor ante la posible agresión en contra de sus familias o de su propia persona, motivo por el cual exigieron al fiscal general de justicia que intervenga en la indagatoria y se tomen cartas en el asunto.

Entre las líneas transportistas afectadas por esta situación se encuentran la 8 de Noviembre, Atsuzi, Stut y Primero de Mayo.

Alto a las extorsiones”, “Gobernador, no más quema de autobuses” y “No más extorsiones por el crimen organizado” fueron algunas de las consignas que se leían en los cristales de los camiones transportistas que se adueñaron de la avenida Lerdo de Tejada durante varios minutos.

Trascendió que a la fecha suman al menos diez unidades del transporte público con daños parciales presuntamente ocasionados por miembros del crimen organizado, los cuales estiman una pérdida de al menos dos millones de pesos por unidad.