Con la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura federal de reformas constitucionales para extinguir siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), también desaparecerían los 32 órganos estatales en la materia.
De acuerdo con el dictamen avalado en comisiones este viernes, se extinguirían los organismos autónomos estatales garantes del Derecho de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y su labor estaría a cargo de las contralorías.
Eso implica que una vez aprobado por el Congreso de la Unión y publicado, las entidades tendrían que replicar la reforma; con lo cual desaparecerían los institutos de transparencia estatales.
El dictamen prevé reformar el artículo 116 constitucional para eliminar la figura de organismos autónomos estatales garantes de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
Además, las constituciones estatales tendrían que definir la competencia de los órganos encargados de la Contraloría u homólogos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados, que serían responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Para desaparecer al INAI se aprobaron, en comisiones, reformas al artículo sexto constitucional sobre los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos.
Esa tarea, de acuerdo, con la reforma, ahora sería competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados y estos se regirían por la Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos en los términos que emita el Congreso de la Unión, donde se establecerían las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de ese derecho.
Además, las y los legisladores federales hicieron reformas el artículo 41 constitucional, en comisiones, para que el Instituto Nacional Electoral sea el competente para conocer de asuntos relacionados con el acceso a la información pública y protección de datos a cargo de los partidos políticos y los recursos de revisión de particulares.
Asimismo, cambiaron el artículo 123 para que sea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el encargado de conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de sindicatos y los recursos de revisión interpuestos por particulares.
Apenas este viernes el Instituto de Transparencia del Estado de México aprobó la reelección de su comisionado presidente, José Martínez Vilchis, quien advirtió la necesidad de defender a los órganos garantes.