Desde diciembre del 2019, un total de 28 vehículos y 12 motocicletas comprados por los municipios mexiquenses para la policía de género, células de búsqueda y la atención de víctimas de violencia no pueden circular porque las Secretarías de Justicia y de Finanzas no han celebrado los instrumentos jurídicos necesarios con los ayuntamientos para regularizarlos.
La presidenta de la Diputación Permanente de la Legislatura mexiquense, Elizabeth Millán García, acusó que esas secretarías cometen violencia institucional contra mujeres, niñas y adolescentes y violan sus derechos porque no han permitido que los municipios regularicen los vehículos para que puedan ser usados.
Este martes, el Congreso local exhortó, a través de la Diputación Permanente, por segunda ocasión al secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro y al de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, para que de forma inmediata celebren los instrumentos legales necesarios con los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
El objetivo, dijo, es regularizar el parque vehicular adquirido por los municipios alertados, a nombre del Gobierno del Estado de México, con los recursos destinados a mitigar las alertas de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, previstos en el Presupuesto 2019.
Antecedentes
El 29 de diciembre del 2018 la Legislatura aprobó dentro del presupuesto 2019 otorgar a la Secretaría de Justicia 30 millones de pesos para implementar acciones encaminadas a mitigar la alerta de género y debía expedir los mecanismos necesarios para la operación de los recursos en febrero de ese año.
La publicación señalaba que los recursos se destinarían a la capacitación, difusión y equipamiento para mitigar la alerta, y entre otras cosas podían destinarse a la adquisición de vehículos para fortalecer las células de búsqueda y policías de género.
Las unidades
Los ayuntamientos adquirieron varios vehículos: Chalco, dos vehículos Van por un millón 192 mil pesos, una Pick Up por 515 mil 005 pesos; Chimalhuacán compró una camioneta Urvan por 500 mil 32.4 pesos, Cuautitlán Izcalli adquirió un camión por un millón 557 mil 175 pesos y 12 motocicletas por 530 mil 769.6 pesos.
Ecatepec contrajo dos vehículos tipo sedán por 460 mil 130 pesos y una camioneta por 423 mil pesos; Ixtapaluca: cuatro camionetas Pick Up doble cabina por un millón 752 mil pesos; Naucalpan, dos vehículos sedán por 461 mil 730 pesos y una una camioneta Pick Up por 349 mil 500 pesos.
Además, Nezahualcóyotl adquirió cuatro camiones por dos millones 101 mil 599 pesos; Tlalnepantla una Transvan mediana por 975 mil 937 pesos; Toluca, dos vehículos tipo Can de pasajeros gasolina por un millón 324 mil 639 pesos; Tultitlán, dos vehículos sedán por 500 mil pesos y una Urvan equipada por 900 mil pesos.
Valle de Chalco compró un vehículo tipo sedán en 208 mil 489 pesos y dos camionetas tipo Van por un millón 44 mil pesos. El gasto total fue superior a los 14 millones de pesos.
Aun cuando los municipios realizaron los procedimientos adquisitivos para contar con nuevos vehículos para fortalecer las células de búsqueda, la policía de género y atender a mujeres víctimas de violencia, no han podido ponerse totalmente en funcionamiento desde su entrega, que fue a finales del 2019.
Tanto la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, como la de Finanzas, advirtió la legisladora de Morena, han sido omisas en celebrar los instrumentos jurídicos que permitan a los municipios alertados regular la posesión del parque vehicular, y eso, enfatizó, se traduce en violencia institucional.
Primer exhorto
El 5 de octubre del 2020 la Legislatura exhortó a las autoridades a celebrar los instrumentos jurídicos, pero a casi siete meses no lo han hecho, por lo cual han impedido que los municipios alertados cumplan de forma integral con su deber de atención a las acciones para la mitigación de la alerta de género en el Estado de México.
Con ello, dijo, se violan los derechos humanos a una vida libre de violencia de mujeres, niñas y adolescentes.
A año y medio de la adquisición del parque vehicular y a más de seis meses del exhorto, subrayó, las dos dependencias han mostrado claro desinterés y los ayuntamientos están imposibilitados de usar las unidades porque no se han regularizado para autorizar su circulación.
La indiferencia de las Secretarías, acusó, ha provocado falta de atención integral de las acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres, pese a que la entidad reporta el mayor número de feminicidios a nivel nacional con 122 casos en 2019, 150 en 2020 y hasta febrero de este año iban 26 presuntos feminicidios, mientras 15 ayuntamientos estaban entre los 64 de todo el país con más casos.
Las omisiones, alertó, constituyen violencia institucional, por lo cual planteó el exhorto, a fin de que las autoridades no sean un obstáculo para gozar de derechos y para garantizar una vida libre de violencia.
Pidió que esas dos Secretarías paren la violencia institucional que impide a niñas, mujeres y adolescentes gozar del buen uso de los vehículos.
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