Este año, además de contratar créditos por mil 500 millones de pesos, que serán destinados a obras diversas, el Gobierno mexiquense erogará 13 mil 580 millones 382 mil pesos para pagar su deuda pública, intereses y gastos que genera.
De acuerdo con el presupuesto 2023 del gobierno del Estado de México, de los más de 13 mil millones, las autoridades tienen previsto gastar cinco mil 587 millones 932 mil 170 pesos para pagar intereses, comisiones, coberturas y demás gastos relacionados con ese débito.
Sin embargo, el presupuesto también señala que la previsión será flexible, en función del comportamiento que presenten las tasas de interés y los niveles inflacionarios en el ejercicio fiscal, así como las condiciones de mercado y las operaciones de renegociación o reestructuración de deuda de los proyectos de prestación de servicios, las asociaciones público privadas u otras operaciones financieras que pudieran efectuarse.
Se prevé que este año el gobierno también destinará mil 282 millones 968 mil pesos para amortización de la deuda pública estatal, es decir, a pagar el capital de sus pasivos.
Otros seis mil 709 millones 482 mil 333 pesos serán para adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
Además, 202 millones 300 mil 865 pesos se irán a pagar las comisiones de la deuda y 210 millones de pesos a cubrir los gastos de la deuda pública.
Para los proyectos de prestación de servicios, es decir obras diversas que se realizaron con inversión pública privada, y se deben pagar a largo plazo, este año se destinarán cuatro mil 942 millones 727 mil 674 pesos.
La nueva deuda
Para el 2023, la Legislatura mexiquense autorizó que el gobierno estatal pueda contratar uno o varios financiamientos hasta por mil 500 millones de pesos para inversión pública productiva en los sectores de: infraestructura económica, conectividad aeroportuaria, infraestructura vial, obra pública, salud, transporte masivo, sistema de saneamiento y drenaje y proyectos de electrificación.
Los montos podrán contratarse con instituciones de banca múltiple, la banca de desarrollo o a través de la emisión de valores y la colocación de estos en el mercado bursátil por un plazo máximo de 25 años y con la posibilidad de adquirirlos hasta el 2024.
Además de contratar créditos a largo plazo, el Gobierno del Estado, a través del Ejecutivo, o de la Secretaría de Finanzas, podrán adquirir instrumentos y obligaciones de pago por plazos menores o mayores a un año, a fin de mitigar riesgos de tasa de interés relacionados con los financiamientos bancarios o bursátiles que se contraten y de cualquier otro que se haya adquirido en ejercicios fiscales anteriores y forme parte del saldo de la deuda pública estatal.
La vigencia de la autorización concluye al 31 de diciembre del 2024, por lo cual la contratación de financiamientos o instrumentos derivados y cualquier otra operación que no se realice en el ejercicio fiscal 2023 podrán celebrarse el siguiente año, y de ser así, tendrían que incluirse en el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto del 2024.
Eso implica que si el actual gobierno no adquiere los financiamientos autorizados, la administración que llegue en septiembre de este año podrá hacerlo en el actual, o en el siguiente ejercicio fiscal.
