El Gobierno del Estado de México deberá aclarar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) más de 60 millones de pesos de recursos federales ejercidos durante el año 2022 por el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, de acuerdo con la segunda entrega del informe de la Cuenta pública del año pasado.
La ASF determinó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal tanto por el pago a 27 servidores públicos que no acreditaron el perfil solicitado, ni la profesión bajo la cual cobraron, como por falta de documentación para acreditar el uso y destino de dos vehículos adquiridos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
También por los trabajos terminados de una obra que presentaron deficiencias en los conceptos de aplanado en techos, columnas y paredes, por la adquisición de un sistema TANGLES: búsqueda y análisis de redes sociales abiertas que no corresponde al autorizado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
La ASF emitió cuatro pliegos de observaciones al gobierno estatal, y dos recomendaciones para que elabore un programa de trabajo para atender las debilidades e insuficiencias en control interno, fortalecer sus procesos de operación, manejo y aplicación de recursos y garantizar el cumplimiento de objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Una segunda recomendación es para que el gobierno mexiquense elabore un programa de ejecución de obras y adquisiciones para la aplicación de los recursos disponibles al 31 de diciembre de los remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples, a fin de garantizar el ejercicio de recursos en los objetivos de esa bolsa.
En el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica de Adultos, en la auditoría 833, se emitió un pliego de observaciones con recuperaciones probables por 14.1 millones de pesos por el pago 27 servidores públicos que no acreditaron los requisitos del perfil solicitado, ni la profesión bajo la cual cobraron el año pasado.
La auditoría arrojó que la entidad infringió la normativa, principalmente en materia de servicios personales, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la de Coordinación Fiscal y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo cual genera un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 14 millones 193 mil pesos.
También se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, pues la anterior administración no reportó a la Secretaría de Hacienda el destino del gasto, ni las evaluaciones. Tampoco presentó evidencia de la publicación en su página de internet y la difusión en sus órganos oficiales.
En la auditoría 835 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal la revisión arrojó recuperaciones por más de 47 millones de pesos, de los cuales 40 millones fueron por la adquisición de un sistema de búsqueda y análisis de redes sociales que no concuerda con el concepto del descrito en la factura, ni corresponde a la autorizado en el proyecto de inversión, ni en el anexo técnico del convenio de coordinación.
Otros seis millones 891 mil pesos fueron por falta de documentación para acreditar el uso y destino de dos vehículos Dodge Durango RT 2022 color negro adquiridos con ese fondo.
Aún cuando las autoridades señalaron que las dos unidades fueron asignadas a la zona sur del Estado de México y circulaban en áreas operativas con mayor vulnerabilidad en seguridad y eran tripuladas las 24 horas del día y los 365 días del año por un personal rotatorio y por turnos, no se presentó ninguna documentación para acreditar que cumplían con los objetivos.
Adicionalmente, en la verificación física se constató que una de las unidades estaba en el taller recibiendo el servicio de los 20 mil kilómetros.
También se observaron 203 mil pesos por trabajos terminados de obra con deficiencias en los acabados, encargada por la Universidad Mexiquense de Seguridad y consistió en la construcción de un módulo de cuatro aulas.
La ASF advirtió que la entidad infringió la normativa principalmente en materia de registro e información financiera de operaciones y destino de recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios y se generó un probable daño a la hacienda pública. Además, hubo un incumplimiento en transparencia y no contó con un programa anual de evaluaciones realizado por una instancia técnica independiente.
En la auditoría 837 al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades la Auditoría Superior señaló que 639 mil 968 pesos estaban pendientes de aclaración y se generó un pliego de observaciones, pues el gobierno estatal incurrió en inobservancias a la normativa por la falta de aplicación de penas convencionales a dos obras ejecutadas en el municipio de Rayón.
La revisión señala que el ayuntamiento no cumplió con la documentación para comprobar la experiencia y capacidad técnica del contratista al que le adjudicaron sus obras y la Comisión de Agua del Estado de México ejecutó cinco obras que no se entregaron a satisfacción de la dependencia ejecutora; tres de ellas no contaron con fianza de vicios ocultos y dos no fueron concluidas
En cuanto a la auditoría 831 al Fondo de Aportaciones Múltiples se emitieron dos recomendaciones, pues el Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de la bolsa federal y el gobierno no agilizó la transferencia de los recursos para reintegrar a la tesorería el dinero.