La auditora superior del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez advirtió que aún cuando la ley establece que ningún ente puede aumentar en más del tres por ciento su nómina, en algunas entidades fiscalizables el alza se disparó hasta el 40% durante el ejercicio 2019.
También advirtió que detectaron un desdén de las instancias en el tema de los tabuladores y las remuneraciones, pues no cumplen con la Ley de Transparencia; así como en la actualización de su patrimonio, pues no hay certeza jurídica sobre sus bienes, sobre todo en los municipios, aún cuando es su obligación tener inventarios actualizados.
Planteó que aun cuando así hayan recibido las administraciones, deben hacer algo y con la renovación de gobiernos llamo a las y los legisladores a ver cómo podrían invitar a los municipios a actualizarlo.
Al reunirse con las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) la auditora superior precisó que algunas entidades llevaban 10 y cinco años sin ser auditadas, por lo cual les hicieron revisiones, incluso donde hubo relevo, como el Poder Judicial.
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Ejemplificó que el Poder Legislativo no se auditaba desde el 2011, la empresa Reciclagua desde 2012, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infoem) desde hace cinco años.
También dijo que han recibido 128 denuncias ciudadanas y algunos mandatos de las y los legisladores de hacer auditorías financieras, de legalidad, de obra y desempeño a la cuenta pública.
Aun cuando advirtió que hubo entes que aumentaron sus nóminas hasta en un 40%, lo cual está prohibido por la Ley de Disciplina Financiera, no detalló cuáles fueron.
La revisión
Miroslava Carrillo Martínez explicó que el universo de entes fiscalizables en la entidad es de 547, de los cuales 323 son estatales, e incluyen a los tres poderes, a siete organismos autónomos, dos fideicomisos, 18 dependencias del Ejecutivo y 91 organismos auxiliares; el resto son entidades municipales.
Resaltó un hallazgo en el Instituto de Formación Continua del Magisterio, creado en el 2016, pero a cinco años de distancia todavía no opera, aún cuando invariablemente tiene presupuesto, pues recibe 12 millones de pesos de manera anual.
Advirtió que en la revisión del informe visitaron a las y los beneficiarios para ver si sirven los apoyos, hicieron revisiones de gabinete y están en espera de que se respondan las observaciones y ver si hay denuncias de hechos derivadas de los pliegos de observaciones, pero hay tiempo para atenderlas.
El OSFEM, dijo, hizo 111 auditorías y en la revisión en materia de transparencia encontraron pagos diferentes a regidores, reportes de que tienen un salario, pero ganan más; servidores que cobran en dos órganos autónomos, la falta de un órgano de control interno, falta de control y seguimiento al patrimonio. Entre los entes a los que hicieron observaciones, detalló, están el Poder Judicial por no tener procedimientos de adquisición, pues falta control interno; también al Conalep y al COBAEM
Ante cuestionamientos de las y los diputados Miroslava Carrillo refirió que les mandataron en la Legislatura a realizar auditorías específicas a cuentas por pagar a corto plazo, con enfasis a proveedores y contratistas del ISSEMyM y no se presume un daño al patrimonio del instituto, pero en cuotas y aportaciones hay observaciones de mil 600 millones, aunque deben guardar sigilo hasta que se desahogue el seguimiento.
La observación, aclaró, es a la instancia, pues no tienen vestigio de una posible responsabilidad a algún servidor.
Personal del OSFEM explicó que de los mil 683 millones observados al ISSEMYM por cuotas y aportaciones están por recibir la documentación para aclararlos, pues el registro contable no tenía los documentos y están en espera de que se soporte el registro.
