Al menos una docena de decretos aprobados en sesiones de pleno por los diputados locales, entre ellos nuevas leyes, reformas legales y un exhorto no han entrado en vigor porque el Ejecutivo mexiquense no los ha publicado, pese a que fueron aprobados en el mes de abril.

Entre ellos, destacan la Ley para la Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos aprobada el 4 de abril en sesión de pleno y 14 temas avalados el 30 de abril, aunque dos de ellos son constitucionales y primero deben tener el visto bueno de los ayuntamientos mexiquenses: la reforma al Poder Judicial y la de derecho a la ciudad.

No obstante, reformas importantes como la de recuperar la rectoría sobre las concesiones de las autopistas, después de echar abajo la llamada “Ley OHL”, el sistema de alertas sísmicas, el aumento a las penas contra quienes cometan crímenes de odio, la obligación de los estacionamientos de dar espacios gratuitos a las personas con discapacidad, entre otras no se han publicado.

De acuerdo con el Congreso local los decretos fueron enviados al Ejecutivo mexiquense para su publicación, el cual, de acuerdo con la carta magna, tiene 30 días para hacer observaciones, u ordenar su publicación en Gaceta de Gobierno para que entren en vigor.

Los pendientes

En el paquete del 30 de abril también se incluyen las revisiones a las Cuentas Públicas 2017 y la decisión de iniciar el proceso de remoción del auditor superior, Fernando Baz, aunque Morena ya ha anunciado que aun cuando no se publique, el procedimiento es irreversible.

La reforma para echar atrás la “Ley OHL” busca devolver al Estado la rectoría sobre las concesiones, cuando la empresa haya recuperado su inversión y rendimiento; mientras la creación de alertas sísmicas y el Múltiple de Alertas Tempranas del estado de México impulsa la colocación de esos mecanismos en los lugares de mayor riesgo y concentración de gente, como: escuelas y hospitales.

También están pendientes de aplicar las penas de hasta 60 años de prisión a quienes cometan crímenes de odio, la ampliación de licencias por paternidad a servidores públicos, la paridad de género en las comisiones edilicias y legislativas de la entidad, los dictámenes de los informes de las cuentas públicas 2017 y declarar el 9 de diciembre como el Día Estatal contra la Corrupción.

Otros ajustes pendientes son establecer el interés superior de la niñez como principio rector de las políticas públicas de desarrollo social, la homologación en la denominación de las coordinaciones de Protección Civil, la creación de las comisiones edilicias permanentes del Adulto Mayor en los ayuntamientos, la obligación de los estacionamientos de dar espacios gratuitos a las personas con discapacidad y un exhorto para a instaurar un protocolo de atención a eventos vinculados con intentos de linchamiento.

Las reformas constitucionales fueron al Poder Judicial mexiquense para fortalecerlo y establecer que los abogados externos que deseen ser magistrados tomen cursos y se sometan a exámenes de oposición y la segunda para garantizar el derecho humano a la ciudad, a fin de lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial. Esas fueron enviadas a los municipios.

¿Qué dice la ley?

El artículo 59 constitucional establece que el gobernador del Estado de México podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.

Las leyes o decretos desechados en todo o en parte por el Ejecutivo serán devueltos con sus observaciones a la Legislatura y deberán ser discutidos de nuevo por ésta, y si fuesen confirmados por las dos terceras partes del número total de sus integrantes serán ley o decreto y volverán al Ejecutivo para su promulgación.

El artículo 60 prevé que cuando un proyecto de ley o decreto sea devuelto a la Legislatura con observaciones del Gobernador y no se apruebe con arreglo al artículo anterior, no podrá ser sometido nuevamente a discusión, sino hasta el siguiente período ordinario de sesiones, aunque hasta el momento el Ejecutivo no ha informado que pretenda hacer observaciones.