La comisión de Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso mexiquense aprobó que San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero desincorporen y subasten predios para que puedan pagar deudas, laudos y cumplir con sentencias judiciales.
Entre algunos cuestionamientos de diputadas y diputados locales, autorizaron a esos tres ayuntamientos a vender bienes.
Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano cuestionó que el caso de San José del Rincón es para pagar un adeudo con una empresa; por lo cual preguntó bajo qué modalidad se hizo y advirtió que vender bienes es deshacerse del patrimonio.
Señaló que la propuesta debe tener la documentación para sustentar la propuesta y recordó que el argumento para crear el municipio de San José en el año 2000 fue que tendría más recursos, pero no fue así.
La administración 2009 - 2012 de José Rangel Espinosa celebró un contrato con una empresa para rehabilitar caminos, el ayuntamiento firmó pagarés, pero ante la falta de pago, la empresa promovió juicios mercantiles y las autoridades judiciales condenaron al municipio a pagar 28 millones.
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En virtud de que los anteriores gobiernos no solventaron la deuda, la actual administración acordó vender bienes para cumplir con esa obligación legal.
Alicia Mercado de Morena pidió conocer cómo se eligieron los inmuebles y qué se está haciendo para sancionar a las y los servidores públicos responsables que generaron una deuda superior a los 28 millones. Consideró que más que vender, deberían aplicarse sanciones.
Bonilla dijo que los gobiernos pasados patearon el bote, insistió en que no deben venderse las propiedades, mientras Paola Jiménez del PRI dijo que el objetivo es apoyar a las demarcaciones a cumplir con compromisos y resoluciones judiciales.
Iván Esquer señaló que la venta es para cumplir con una sentencia, pues no tenían otra opción, ya que el municipio de San José del Rincón no cuenta con recursos suficientes. El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.
En el caso de San Felipe del Progreso buscan desincorporar un bien a favor de un ciudadano para pagarle, derivado de una sentencia. También fue aprobado por mayoría.
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Juana Bonilla dijo que el problema se derivó en 2016 y advirtió que en el presupuesto hay una partida especial para cubrir laudos, pero no sé pagó y eso demuestra poca planeación.
Nicolás Romero desincorporará seis inmuebles para ser subastados y el recurso se destinará a pagar un laudo condenatorio por más de 40 millones de pesos, derivado de algunos juicios.
Anís Burgos, presidenta de la comisión dijo que la aprobación es para apoyar a los municipios que heredaron deudas y laudos, pues no hacerlo traería consecuencias a los ayuntamientos, pero advirtió que deben terminar las prácticas de recurrir al endeudamiento y llamó castigar a quienes pongan en riesgo las finanzas públicas.
Las salidas fáciles, advirtió, con el tiempo generan crisis para la ciudadanía.
ISSEMyM
En el caso del ISSEMyM, el jefe de la Unidad Jurídica del ISSEMyM Javier Quijano explicó que los 22 inmuebles que pretenden vender están en desuso, pero solo de predial deben desembolsar más de un millón de pesos al año.
En total, dijo, esperarían 328 millones de pesos de acuerdo con los avalúos, pero podría ser un monto mayor con la actualización y harían una subasta pública.
La pandemia, advirtió, pegó al instituto y requieren la venta para allegarse de recursos adicionales
Juan Bonilla señaló que aun cuando es legal habría que cuestionar si es ético y preguntó cómo pretenden distribuir el dinero producto de la subasta e Isidro Moreno del PRI pidió conocer los adeudos por los cuales el instituto no puede tener su presupuesto completo.
Anaís Burgos cuestionó en qué va a ayudar la venta, advirtió que las autoridades deben pagar cuotas y aportaciones y dijo que aun cuando a los trabajadores les descuentan no hay servicios.
Iván Esquer dijo que los terrenos representan una carga financiera y pidió solidarizarse con esa institución.