Los ayuntamientos son las autoridades que con mayor frecuencia son señalados por la sociedad por presuntas violaciones a la dignidad humana, aseguró el presidente del organismo defensor Jorge Olvera García, quien reconoció que hasta el 17 de junio pasado casi 50% de los mil 187 expedientes iniciados son en su contra.
Refirió que ésta es una realidad insoslayable porque los ayuntamientos son los primeros respondientes a una transgresión de los derechos fundamentales, pues son la autoridad más cercana a las personas, su primer contacto, recalcó el ombudsperson mexiquense.
De acuerdo con datos de la Codhem, los gobiernos municipales con mayor número de quejas en orden descendiente son: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Los Reyes La Paz y Chalco, que suman 572, mismas que representan casi la mitad del total.
En contraste, sólo 19 ayuntamientos registran una queja y son: Atlautla, Axapusco, Donato Guerra, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Jilotzingo, Lerma, Luvianos, Mexicaltzingo, Otumba, Ozumba, San Bartolo Morelos, Santa María Rayón, Temascaltepec, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Texcatitlán, Tonatico y Xalatlaco.
Por otra parte, la Codhem, emitió la Recomendación 5/2019 al ayuntamiento de Ecatepec, por la vulneración a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso de una mujer, detenida por policías municipales y llevada a la galera femenil, donde atentó contra su vida y más tarde murió, según se publicó el la red social Facebook, por lo cual la Codhem inició investigación de oficio.
La mujer fue trasladada a la Oficialía Mediadora-Conciliadora y Calificadora Granjas Valle de Guadalupe Los Arcos, y aunque el Ministerio Público de San Agustín entregó a la familia el cadáver con múltiples golpes, el acta de defunción señala el ahorcamento como causa del fallecimiento.
Se acreditaron prácticas, acciones y omisiones de los servidores públicos, condiciones materiales inadecuadas y falta de mantenimiento en esa Oficialía, además, falta de certificación de la persona en funciones de mediadora y que la detenida no tuvo la valoración médica establecida.
Solicitó elaborar y aplicar formatos auxiliares a la función impartidora de justicia municipal y para la observancia de los principios de debida diligencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, emprender acciones administrativas para que la Oficialía tenga personal médico para la certificación del estado psicofísico de quienes sean presentados, e instrumentar mecanismos para la debida custodia de las personas privadas de libertad.
También, adecuar la infraestructura de las galeras para tener espacios dignos para menores de edad, varones y mujeres, y asegurar la visibilidad al interior o instalar cámaras de circuito cerrado; contar con reglamentos para la función mediadora-conciliadora y calificadora así como de seguridad pública; regularizar la actuación de los titulares de las oficialías con profesionistas que cumplan la normatividad; además de capacitar en materia de derechos humanos al personal adscrito a la Oficialía y a elementos policiales.
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