Toluca, México.- La mayoría conformada por los grupos parlamentarios de Morena y Encuentro Social, más una diputada del PVEM propinó otro revés legislativo al gobierno estatal.
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Ahora, de manera urgente - y en apenas unos minutos- echaron atrás parte de las reformas laborales avaladas por la anterior Legislatura, en unos cuantos días, para deslindar de responsabilidades a los alcaldes que arriban el primero de enero por los laudos laborales que heredarán los actuales gobiernos. Ese tema se suma a la abrogación de la Ley del ISSEMyM y al rechazo a los informes de las cuentas públicas 2017.
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De paso, hicieron cambios para señalar lo mínimo que deben contener las declaraciones de intereses, y adicionar en la Ley de Contratación Pública del Estado de México una prohibición a servidores públicos a tener comunicación no documentada con cualquier prestador de bienes y servicios.
Reproches
Las bancadas del PRI, PAN, PRD y hasta el PT reclamaron la forma en que se avaló la iniciativa, pues criticaron que la orden del día se modificó este mismo jueves para incluir ese punto.
Las reformas a las Leyes Municipal, de Responsabilidades Administrativas y de Contratación Pública fueron aprobadas por 42 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.
El tricolor acusó además que esas reformas tendrán un impacto negativo en los derechos de los trabajadores.
En respuesta, los diputados de Morena arremetieron contra los gobiernos del PRI y del PAN que endeudaron a los municipios, rechazaron que los cambios perjudiquen a los trabajadores y exigieron que las deudas sean cubiertas por quienes las generaron.
Entre los cambios que se avalaron destacan:
Derogar los artículos donde se establecía que los alcaldes son los responsables por la falta de seguimiento y atención de los litigios laborales en contra del ayuntamiento, pues esa responsabilidad es de los síndicos y eliminaron que sean responsables del pago de los créditos y de incumplimiento de sus antecesores, pues las deudas deben ser institucionales.
Los siguientes municipios prevén heredar deudas laborales por más de 7 millones de pesos.