Integrantes de la mesa directiva del Consejo estatal y de la dirigencia estatal del PRD mexiquense desconocieron los resolutivos del Consejo Político estatal del domingo, donde se determinó crear una comisión plural para investigar el actuar del líder mexiquense, Cristian Campuzano.
Acusaron que no todos los integrantes de la directiva del Consejo Estatal fueron convocados, no se hizo una convocatoria apegada a los estatutos, ni se realizó en forma adecuada y tampoco se verificó la acreditación de consejeros y consejeras.
El secretario de la directiva, Daniel Morales Casasola aseguró que el presidente de la Directiva, Federico Aguilar nunca les notificó de manera formal sobre la petición para realizar el consejo estatal; por lo cual no han podido dar seguimiento para hacer la convocatoria y rechazó que hayan caído en omisión.
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El líder estatal, Cristian Campuzano afirmó que ni la convocatoria, ni el consejo fueron legales, por lo cual las definiciones no tienen validez, ni son vinculatorias. Llamó a realizar una evaluación de los últimos cinco años de ese partido, a valorar si el anterior presidente entregó en forma adecuada el ejercicio de recursos del partido y por qué en la anterior gestión tuvieron una multa de 80 millones de pesos que los tiene sumidos en una depresión económica.
Opinó que lo quieren desacreditar y pidió a las y los consejeros no dejarse engañar, pues en este ejercicio, en las elecciones locales, han sido el partido menos multado.
Anunció que podría impulsar una queja y un juicio de protección de derechos políticos ante el órgano de justicia intrapartidaria y dará vista a los órganos internos de su partido y a instituciones electorales para que haga una valoración del supuesto consejo.
Sostuvo que una buena parte de las y los consejeros no comulgan con la ruta de la confrontación, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la sesión y llamó a dialogar.
Campuzano señaló que para que las sesiones del consejo sean legales se deben seguir procedimientos ante los órganos de ese partido, pero a los integrantes del consejo que preguntaron sobre la existencia del documento de petición del consejo, y de una posible sesión les dijeron que la convocatoria se hizo vía correo y WhatsApp, pero la directiva no aprobó esa modalidad.
Consideró que hay un ejercicio tendencioso y doloso, pues aún cuando un tercio de los integrantes del consejo puede solicitar la realización del consejo, no tienen facultades para autoconvocar, autodeterminar la orden del día, autoseñalar domicilio y después cambiarlo, por lo cual lo que hicieron el domingo no se apegó a la legalidad.
La dirección estatal, dijo, no ha aprobado la realización de ningún consejo estatal, pero están obligados a dar una respuesta a la solicitud de 94 integrantes de ese órgano; sin embargo no reconocen los actos aprobados, pues no se apegaron a la legalidad, no hay forma de determinar que se haya convocado a todas y todos los consejeros, ni ha habido notificación de la decisión de llevar a cabo el consejo en el domicilio donde se realizó, pues cambiaron el lugar.
El consejo, dijo, no se ajustó a los parámetros legales, el presidente de ese órgano no los notificó y tanto el sello, como el correo de esa fuerza política se han usado a discreción.
Advirtieron que ni siquiera saben quiénes son los firmantes que solicitaron la realización del consejo, pues no les entregaron el documento y señalaron que han hecho esfuerzos para buscar acercamientos con los otros grupos.
La diputada local Araceli Casasola comentó que buscó ser un puente para iniciar un diálogo, pero no prosperó.
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Dijo que Campuzano no es responsable de los resultados electorales, pues las decisiones las tomaron todos y afirmó que no hay negativa a realizar una sesión del consejo.
Campuzano añadió que la mesa directiva debe acreditar quiénes son consejeros y consejeras, pero eso no se hizo.
También dijo que la responsabilidad de presentar informes es de la Coordinación de Patrimonio y habría que preguntarle a la ex titular y a la actual si se hicieron, a fin de determinar si hubo o no opacidad y sobre la comisión plural que se creó reiteró que no tiene efectos, ni alcances jurídicos.
