En México, 30 de las 32 entidades del país, entre ellas el Estado de México, discriminan a las mujeres porque no garantizan el derecho a decidir, al no permitir la interrupción legal del embarazo, ya que solo la Ciudad de México y Oaxaca lo autorizan, advirtió Rodolfo Domínguez Márquez, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Al participar en el seminario Diálogos del Mecanismo de la Alerta de Género advirtió que debe existir voluntad política para terminar con la violencia y no esperar a que resuelva la Suprema Corte sobre temas como el aborto, pues está más que documentado que durante la pandemia aumentó la violencia sexual en forma dramática en todo el país, sobre todo contra adolescentes y niñas.
Alertó que la falta de políticas públicas para enfrentar la violencia y la permisibilidad mandan un mensaje de tolerancia a la violencia y colocan a las mujeres en un escenario de mayor riesgo.
También lamentó que en temas como el aborto enfrentan la imposición ideológica y advirtió que no se deben imponer ideologías conservadoras que van en contra del reconocimiento de derechos humanos y muchas veces esas ideas están en personas de los gobiernos que rechazan el aborto.
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La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), refirió, ha recomendado al Estado mexicano avanzar en la armonización legislativa para garantizar a las mujeres el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo, y en breve vendrá una evaluación, donde será vergonzoso exhibir al Estado Mexicano porque no ha cumplido.
Advirtió que la Corte no tendría que obligar a un Congreso a legislar, sino asumir que el Estado es democrático y éste atender las obligaciones, pero como parece que no es así, las organizaciones civiles tendrán que seguir exigiendo y dar las batallas necesarias.
En su exposición explicó que la legislación es muy parecida en 30 entidades, pues solo dos han avanzado en el reconocimiento y en dejar de criminalizar a las mujeres garantizando la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas.
En el resto de las entidades se discrimina a las mujeres con sus normas que no permiten el derecho a decidir, por lo cual apeló a la Suprema Corte de Justicia al advertir que vivimos un momento histórico donde se analiza no sólo el tema del aborto, sino el de una estructura de cumplimiento de obligaciones internacionales, de un marco de control de convencionalidad y puede resultar un parteaguas que fortaleza la estructura jurídica en contextos complejos de violencia.
"Apelamos a una Suprema Corte que actúe como una corte de constitucionalidad, una corte que asuma los compromisos internacionales y sea garante de una vida libre de violencia de las mujeres, particularmente de las veracruzanas", precisó.
La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Alertas de Género en el Congreso local, Karina Labastida, refirió que en el Estado de México existe una iniciativa para la despenalización del aborto, es un tema que se encuentra en comisiones y esperan que no haya tantos legisladores con objeción de conciencia para aprobarlo y así fortalecer los derechos de las mujeres.
