Solo será posible avanzar de manera efectiva en movilidad urbana sostenible y lograr impactos ambientales y sociales si se cuenta con una delimitación de competencias y funciones, vinculación con la ciudadanía y un respaldo legal, afirmó el estudiante del Doctorado en Urbanismo de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, Michael Millán Lagunas.
Al participar en el Sexto Congreso Internacional de la Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad y Gobernanza en México y Polonia (RETESyG), organizado por la Facultad de Geografía de la UAEM, enlistó los retos de movilidad que tiene la ciudad de Toluca, entre los que se encuentran la prioridad del transporte individual sobre el colectivo.
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También, dijo, hay pocas conexiones del transporte colectivo y menos del cinco por ciento de movilidad radica en bicicleta o a pie. Existe una disminución en el uso del transporte público, aproximadamente 31 por ciento menos en 2020 y un aumento del parque vehicular individual de 19 por ciento en el mismo año.
Al dictar la conferencia “Retos de la gobernanza para una movilidad urbana sostenible en la ciudad de Toluca”, el especialista expresó que hay un aumento de la población que tiene como destino la capital del Estado de México y existen modelos de asentamiento dispersos, mayormente en la periferia, aumentado las distancias de traslado a la ciudad.
Para hacerle frente a estas problemáticas, consideró fundamental formular una política nacional de movilidad sostenible, que la establezca como un factor determinante en los procesos de planeación de las ciudades.
Asimismo, enfatizó que es ideal repensar el territorio como espacio para la cooperación y colaboración, así como fomentar el transporte público que sea accesible y que no dañe el medio ambiente.
Para disminuir la marginación del transporte público, recomendó aumentar los niveles de accesibilidad y cobertura entre los municipios contiguos para poder conectar a más personas.
Por último, Michael Millán Lagunas sostuvo que es primordial verificar la viabilidad y sostenibilidad financiera de las estrategias, programas y proyectos de movilidad sostenible, en concordancia con el tiempo disponible para alcanzarlas.