En México existe una evidente disminución en la respuesta efectiva de los sujetos obligados y se han generado estrategias para desprestigiar a los órganos garantes de transparencia y el derecho humano a saber, alertó Juan Francisco Escobedo Delgado del grupo Oaxaca, impulsor de la primera Ley de Transparencia.
Sostuvo que en lugar de ofrecer información pública sustentada en documentos, lo que se suele ofrecer es propaganda, e información sin sustento documental.
Lo que está pasando en este momento en México, señaló al participar en el conversatorio organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información mexiquense (Infoem), es el crecimiento de opiniones y de estrategias para descalificar a las instituciones responsables de promover y tutelar el derecho a saber.
Pidió no olvidar que el derecho de acceso a la información, en el caso mexicano, es un producto social del proceso democrático, pues en el año 2000 se hizo por encima, y a pesar de las resistencias del gobierno, y ese carácter es importante recuperarlo, porque de no hacerlo, en una situación de concentración de poder, de regresión autoritaria y de desplantes despóticos puede terminar debilitando y justificando la desaparición de los órganos garantes y restringiendo los alcances del derecho humano a saber.
Juan Francisco Escobedo Delgado subrayó que el derecho a saber es un derecho humano, no una concesión, ni una gracia de las autoridades, y ejercerlo permite desplegar otras libertades, pero no sustituye temas como la rendición de cuentas, el control constitucional, ni la necesidad de que las instituciones públicas tengan un adecuado desempeño, a partir del cumplimiento de sus funciones.
El derecho a saber, insistió, constituye un control difuso del poder, un mecanismo de rendición de cuentas vertical, pero en primera instancia es el derecho a pedir al poder público la información que los particulares quieran.
Advirtió que algunas instituciones públicas suelen utilizar la coartada del derecho de acceso para presentar propaganda e información no sustentada en documentos. Y sostuvo que el centro de gravedad en el derecho de acceso a la información no radica en el ejercicio del derecho, sino en las respuestas de las instituciones y de los sujetos obligados a las solicitudes de acceso a la información.
"Si la respuesta de la autoridad es omisa, manipuladora, que oculta la información, entonces ninguna política de difusión de comunicación será suficiente", señaló.
Consideró que es manipulador y antidemocrático descalificar el derecho humano a saber, pues su ejercicio está indisolublemente ligado con la persistencia y la viabilidad de la democracia
Advirtió que deben analizar los desafíos del derecho a la información, pues las amenazas no sólo son para el INAI, sino también para los órganos garantes locales porque el discurso que permea todas las mañanas en el país, dijo, es de descrédito, de descalificación que termina desligitimando un derecho para prescindir de él.
El foco de la atención, dijo, radica en la información en poder de las instituciones públicas de los poderes públicos de los más de 800 sujetos obligados a nivel federal y de los miles diseminados por todo el país.
En tanto, Gloria de la Fuente González de Chile y Milagros Ortiz Bosch de República Dominicana advirtieron los retos ante la pandemia y el hecho que en ella no se suprimió el derecho a la información pública.
Esa última dijo que los gobiernos no pueden gobernar de espaldas a la ciudadanía.
Retos
El comisionado del Infoem Gustavo Parra Noriega advirtió que una de las tareas que tienen es tutelar el derecho de acceso a la información como un quehacer institucional y destacó que la transparencia ayuda a que la ciudadanía tenga las herramientas necesarias para una efectiva rendición de cuentas.
Llamó a ver la importancia de los medios digitales, a disminuir la brechas de desigualdad en el acceso a la información y sostuvo que la transparencia ayuda a la toma de decisiones, a articular respuestas a las necesidades, pero también implica una serie de retos para que la información se utilice adecuadamente.
Blanca Lilia Ibarra Cadena presidenta del Instituto Nacional de Transparencia señaló que el 72% de las personas adultas ejercen esa prerrogativa para conocer información relacionada con lo que afecta su vida diaria, pues a través de la puesta de información oportuna, verificable, comprensible, accesible y completa es posible fomentar el escrutinio público y el debate propositivo sobre el quehacer de las autoridades.
Dijo que según el INEGI, alrededor del 94% de las personas que realizaron una solicitud de información indicaron que la información fue útil y el 87% la consideró confiable.
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