Pobladores de la comunidad agraria de Tepezoyuca, perteneciente al municipio de Ocoyoacac, interpusieron tres amparos ante distintas autoridades para demostrar la legítima propiedad de ese lugar, pues acusan a los habitantes del ejido de San Jerónimo Acazulco de despojarlos de sus tierras en una zona eminentemente indígena, señaló el director jurídico y de amparos de la Central Cardenista, Gustavo Olivares Nateras, en conferencia de prensa.

Es de mencionar que los vecinos de Acazulco en días pasados iniciaron procesos para frenar la obra del tren interurbano México-Toluca porque causaría daños al medio ambiente y en particular a los manantiales. En ese tema, Olivares Nateras dijo que sus asesorados no se oponen a la construcción de la infraestructura, solo pedirían obras en beneficio de la comunidad como un auditorio o espacios deportivos.

En presencia de Rosalinda Marín Rebollar, directora de Asuntos Indígenas de esa central, y del Jefe Supremo, Francisco Montes Juárez, explicó que el predio en disputa comprende una superficie de 32 hectáreas en el área del Portezuelo.

“Aducen les pertenece ante los jueces de distrito diciendo que son sus tierras para aprovecharse de una percepción económica, en el año de 2015 lograron aprovecharse con el pago de 300 millones de pesos, ahora quieren hacerlo nuevamente el 11 de enero de 2017 por donde va a pasar el tren interurbano en la zona de La Marquesa”.

El director jurídico y de amparos de dicha central negó que la edificación del férreo pueda traer consecuencias a la comunidad, sino que fue un argumento para aprovecharse de los tiempos.

A raíz del conflicto por la posesión de la tierra, acusó a los vecinos de Acazulco de cambiar los nomenclatura de los ejidos o parajes, y así confundir a los jueces que determinarán lo conducente en los asuntos citados.

En ese sentido, agregó, sus defendidos pidieron su predio les sea regresado, es lo único que quieren más allá de algún beneficio económico.

Precisó que los juicios interpuestos hasta el momento son el 50/2017 en enero de ese año en el Juzgado Tercero de Distrito; el 11/53 en el 2015, y uno más ante el Tribunal Unitario Agrario.

En conferencia, el Jefe Supremo mostró un plano del sitio en conflicto, que los acredita como propietarios desde siglos atrás.