Aquellos ciudadanos que detecten irregularidades o presiones a los votantes por determinada candidata o candidato o partido político, pueden ser denunciados penalmente por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), señala que los ciudadanos que se consideren afectados o cualquier persona que tenga conocimiento de alguna conducta ilícita que vulnere la Ley Electoral, pueden presentar sus denuncias mediante los Sistemas de Atención Ciudadana: FISETEL (800 833 7233), donde serán atendidos por alguno de los más de cien operadores telefónicos, y FISENET, al entrar al sitio de internet fisenet.fgr.org.mx.
También pueden acudir a la Ventanilla Única de la Fiscalía Electoral o a las Fiscalías Federales de la FGR, ubicadas en los 32 estados del país, donde el personal de la FISEL se encuentra vigilante de las elecciones en las que se renovarán el domingo 2 de junio más de 20 mil cargos públicos, entre ellos presidente de la República, senadores y diputados federales.
Es muy importante que, de ser posible, los ciudadanos cuenten con el mayor número de datos del ilícito y evidencias, como pueden ser fotografías o videos, para que los ministerios públicos puedan configurar las denuncias en una carpeta de investigación.
Además de la compra del voto, hay otras conductas ilegales como hacer uso de los programas sociales federales con fines político-electorales, interferir en el desarrollo normal de las elecciones, así como del escrutinio y cómputo; votar más de una vez; introducir o sustraer boletas electorales de las urnas o rellenarlas con boletas falsas.
¿Qué acciones son consideradas como delitos?
Es motivo de causa penal hacer proselitismo el día de la jornada electoral o en alguno de los tres días anteriores a la misma, recoger sin causa justificada credenciales de elector, apoderarse o destruir cualquier material electoral, obstaculizar o interferir en el traslado de los paquetes electorales, impedir la apertura o el cierre de casillas, publicar encuestas o sondeos y trasladar personas con la intención de influir en el sentido del voto.
Cabe recordar que no sólo los candidatos, coordinadores de campaña, funcionarios electorales y servidores públicos están obligados a cumplir con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sino todas las personas en general, ya que las sanciones van desde multas hasta prisión.
