Vivir en una cárcel del Estado México es sufrir la constante de un subdesarrollo penitenciario que hace dudar sobre una posible rehabilitación social.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confirma los malos signos de los centros penitenciarios ubicados en la entidad mexiquense.

La calificación global de las 11 cárceles estatales asciende a 6.31, una evaluación nada elogiable para un estado que presume ser vanguardia a nivel nacional en los ámbitos económico y político.

El juicio crítico aumenta cuando se observa que cuatro penales mexiquenses fueron reprobados en esta evaluación nacional.

Se trata de los centros penitenciarios de Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl (Bordo Xochiaca) y Cuautitlán. El resto obtienen calificaciones aprobatorias, pero en la frontera de una evaluación lejos de lo aceptable.

Incluso la llamada penitenciaría modelo de Nezahualcóyotl obtiene una calificación de 8.09; se coloca como la mejor evaluada en el territorio estatal.

Los rubros considerados en este estudio son básicos para el buen funcionamiento de un centro preventivo, los cuales consisten en garantizar la integridad de los internos, el favorecer una estancia digna, facilitar condiciones de gobernabilidad y buscar la reinserción social del interno

Sin embargo, la calificación que obtienen las cárceles estatales refleja que en el interior de ellas persisten anomalías como el hacinamiento, los autogobiernos y la vulnerabilidad de los internos, lo cual configura el fracaso de la reinserción social y la generación de ambientes para reproducir las conductas ilícitas.

Ante los resultados obtenidos la CNDH recomienda implementar estrategias y acciones para lograr avances significativos. El problema es que los resultados de su diagnóstico reflejan una tendencia que en la entidad mexiquense parece no variar. La pesadilla es constante en las cárceles estatales.