Edomex debe aclarar más de mil mdp del gasto de fondos federales

Las observaciones de posibles irregularidades fueron detectadas en los siguientes rubros

Violeta Huerta | El Sol de Toluca

  · martes 5 de noviembre de 2019

Foto: Archivo | El Sol de Toluca

El Estado de México debe aclarar a la Auditoría Superior de la federación (ASF) pagos en exceso, falta de transparencia y de control interno, pagos inadecuados, obras de mala calidad, entre otras cosas en los gastos de recursos federales del 2018.

Las observaciones de posibles irregularidades fueron detectadas en rubros como: el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), pero sobre todo en los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN).

La segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública 2018 muestra que el Gobierno estatal debe aclarar mil 347 millones de pesos por pagos indebidos y otras posibles anomalías.

Solo del FORTAFIN debe aclarar más de 941 millones; del FAETA 34.4 millones; otros 10.7 millones de los Programas de Cultura; 72.1 millones del FISE; 18.4 millones de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y 426 mil pesos en la construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros.



Las observaciones

La revisión de la ASF arrojó que de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de México hubo falta de reintegro de rendimientos financieros generados y recursos y pago a personal docente y administrativo no localizado en los centros de trabajo. Tiene pendientes de aclarar 34.4 millones de pesos.

Los auditores advirtieron que el Gobierno del Estado de México careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.

En los Programas de Cultura en las Entidades Federativas la ASF detectó falta de reintegro en tiempo de rendimientos financieros y falta de evidencia documental que acreditara el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios de coordinación suscritos con organizaciones de la sociedad civil. Falta aclarar 10.7 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF, la Secretaría de Cultura del Estado de México careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir riesgos y no hubo un ejercicio eficiente y transparente de los recursos.

En los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa la ASF encontró pagos a trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, así como a dos trabajadores posteriores a la fecha de su baja; falta de documentación para acreditar una plaza y no aplicar penas convencionales por el incumplimiento en los plazos de entrega de las adquisiciones de medicamentos, material de curación y servicio integral de material de osteosíntesis y prótesis con material de colocación e instrumental en comodato. Hay 361 mil pesos pendientes de aclaración.

En PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el Estado de México las observaciones fueron por 16 mil 724 pesos.

En cuanto a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en el Estado de México los auditores encontraron obra pagada no ejecutada o de mala calidad atribuible a municipios, aunque la revisión es las autoridades estatales. Hubo falta de amortización de anticipos, recursos no pagados y no reintegrados y falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Faltan 72.1 millones de pesos de ser aclarados.

El Estado, según la ASF, “no dispone de un adecuado sistema de control interno” que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.

“Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que el Gobierno del estado de México no proporcionó a la SHCP ningún informe de los previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco presentó los informes a la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar)”.

La ASF afirma, en las conclusiones que los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio ejerció el 80.6% de los recursos para la atención de la población objetivo.

En lo que toca al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) solo hubo una observación y fue solventada, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal también solo una y fue solventada

En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal las revisiones arrojaron pago en exceso para la adquisición de armamento y cartuchos a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues las autoridades pagaron por la adquisición de armamento y municiones, que a la fecha de la auditoría no se habían recibido; por lo cual 18.4 millones están pendientes de aclaración.

En los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) la ASF halló falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; dinero no devengado al 31 de diciembre del 2018, ni reintegrado; pagos en exceso en el concepto de Servicios Personales; falta de documentación de los expedientes unitarios de obra y obra ejecutada de mala calidad. Hay más de 941.8 millones pendientes de ser solventados.

Finalmente, en la construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México Se determinaron pagos improcedentes por más de 426 mil pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados.