En el Estado de México no se tiene una verdadera política encaminada a la prevención de embarazos adolescentes, pues además de no contar con recursos suficientes, el marco legal también es insuficiente.
A lo anterior, se suman los prejuicios y falta de comunicación de los padres y madres de familia para con sus hijos, pues lejos de guiarlos e informarlos con una adecuada educación sexual, se sigue polarizando el tema, consideró Luis Alfonso Guadarrama Rico, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
Embarazos adolescentes en cifras
De acuerdo cifras del Proyecto Libélula cultivado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, los embarazos adolescentes han registrado un descenso desde 2015, no obstante, se prevé que no se cumpla la meta de la agenda 2023, de reducir la tasa de madres adolescentes de entre 15 y 19 años a la mitad.
Además de que tampoco se erradicarán los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, pues estos continúan registrándose, aunque en menor número, mencionó el académico universitario.
“Arrancamos en 2015 con 74 casos por cada mil madres adolescentes de entre 15 y 19, y debemos llegar a 35 o 36, que es lo óptimo, no vamos bien, pero sí vamos descendiendo. El Estado de México aporta el 12% de todos los casos de embarazos adolescentes en el país, la segunda meta es erradicar todo caso de niña-madre de entre 10 y 14 años de edad y siguen ocurriendo un número de casos importantes, tanto en la entidad como en el país”.
El Proyecto Libélula contabilizó 29 mil 834 casos de natalidad en jóvenes de 15 a 19 años durante 2022 en el Estado de México, 31 mil 225 en 2021, 36 mil 969 en 2020, 41 mil 739 en 2019, 46 mil 512 en 2018, 51 mil 176 en 2017, 51 mil 156 en 2016 y 53 mil 257 en 2015.
Luis Alfonso Guadarrama sostuvo que una vez que la adolescente confirma su embarazo enfrentará una serie de complicaciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, debido a que no está lista para enfrentar su nueva realidad, además de que es altamente probable que vuelva a embarazarse dentro de los primeros dos años posteriores, que abandone sus estudios y sea obligada a casarse o estar en unión libre.
“Una vez que la adolescente ya es madre, enfrenta problemas de desnutrición y por tanto un buen número de casos de los hijos e hijas nacen con bajo peso o no llegará a las semanas esperadas de gestación, la gran mayoría de ellas tendrá preeclampsia, enfrentarán desgarramientos vaginales porque no están listas físicamente para un parto, pero tampoco lo están psicológica ni socialmente para criar a su hijo o hija”, precisó el entrevistado.
Embarazos en niñas de 10 a 14 años podrían derivarse de abusos y violaciones sexuales
El proyecto Libélula cuantificó 8 mil 104 embarazos en niñas de 10 a 14 años entre 2015 y 2022 en el Estado de México, los cuales podrían estar relacionados con abusos y violaciones sexuales que fueron pasados por alto por la familia de las niñas y las mismas autoridades.
En 2015 la entidad registró mil 167 embarazos en niñas de 10 a 14 años, en 2016 fueron mil 111, en 2017 fueron mil 139, en 2018 fueron mil 113, en 2019 fueron 964, en 2020 fueron 878, en 2021 fueron 889 y en 2022 fueron 843.
“¿Cómo es posible que una familia permita que una niña de 11, 12, 13 y 14 años lleguen al parto?, hay encubrimiento, porque indudablemente las niñas que son madres a esa edad estuvieron siendo abusadas desde que eran más pequeñas, hasta que empezaron a menstruar y se generó un embarazo.
“Estas niñas pueden ser víctimas de su propio padre, su padrastro, el abuelo, el primo, su hermano o hermanastro, es aquí cuando la familia entra al encubrimiento, pero también el personal médico lo comete, ¿por qué si atienden a una niña en algún trimestre de gestación, avisa inmediatamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que vaya a hacer la investigación a la familia y el entorno familiar?”, cuestionó.
La falla del gobierno
La persistencia de los embarazos adolescentes en la entidad podría traducirse como un fracaso en la política de prevención del embarazo adolescente nacional y de todas las entidades del país (excepto la Ciudad de México), impulsada inicialmente desde las Legislaturas (locales y federal), pues no se etiquetan los suficientes fondos públicos y personal para atender los efectos de la natalidad adolescente.
“Si los gobiernos de los estados, incluyendo el Estado de México y las Cámaras de Diputados en las respectivas entidades no asignan presupuesto suficiente y recursos humanos profesionales para atender promoción de la salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo y atención a los efectos de la natalidad adolescente, esto no se va a resolver.
“Sí están los medios, las campañas, la información, los planes y programas de estudio lo abordan, pero se desatiende pavorosamente la problemática social al no asignar suficientes fondos”, comentó el entrevistado, quien refirió que en 2022 únicamente se asignaron un millón 200 mil pesos en la entidad mexiquense, recursos etiquetados por la federación.
Este recurso únicamente fue para realizar “algunas acciones” en Temoaya, Zinacantepec, Metepec, Toluca y Almoloya de Juárez, mientras que el resto de la entidad se quedó sin intervención.
Por ello también se requiere la inmediata aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo en la entidad, pues además de frenar que las niñas y jóvenes se conviertan en madres en una etapa inmadura psicológica, física y socialmente, les dará la posibilidad de tener la atención médica adecuada para abortar de manera segura y con acompañamiento.
Educación sexual en el núcleo familiar
La participación de las familias también es sumamente importante para prevenir embarazos adolescentes, pero ante la resistencia de abordar este tema, los adolescentes no cuentan con la información oportuna.
“Las estadísticas muestran que, a partir de los 15 años, al menos el 20% de las jóvenes empiezan a tener sus primeros encuentros sexuales y el 28% de los jóvenes que tienen ese mismo rango de edad, comienza esta práctica. Es decir, cuando las y los jóvenes tienen 18 años, prácticamente 6 de cada 10 son sexualmente activos”, refirió el catedrático de la UAEMéx.
Por ello, dijo, es importante que los padres y madres de familia o tutores asuman la posibilidad de que sus adolescentes podrían iniciar su vida sexual a partir de los 15 años, y les ofrezcan información variada sobre los métodos de prevención, para concientizarlos de que no están listos para convertirse en padres o madres y los riesgos que implica el tener relaciones sexuales sin protección (ETS).
En este contexto, Luis Alfonso Guadarrama descartó que la educación sexual en las aulas pueda estimular o incentivar a las y los jóvenes a iniciar su vida sexual.
“La escuela tiene una responsabilidad para impartir educación sexual de manera integral, laica y apegada a los avances de la ciencia y de la técnica, esa es la responsabilidad de un estado laico, en el que su educación es laica, gratuita, obligatoria y por lo tanto respeta sus creencias religiosas, pero no las impone en sus libros de texto, esto es muy importante de que los padres y madres lo entiendan”.