El Estado de México ocupa el tercer lugar en el país en transfeminicidios por cuestión de odio, lo que hace necesario su tipificación en el Código Penal de la entidad, señaló la diputada de Morena, Beatriz García Villegas.
En el análisis de esa iniciativa y una de feminicidio impulsada por la bancada del Partido Verde Ecologista en la 61 Legislatura mexiquense para enriquecerla, se invitará a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Poder Judicial mexiquense.
Esto fue acordado por los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y la de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por feminicidio y desaparición.
Los presidentes de ambas comisiones legislativas informaron que se hicieron llegar los oficios correspondientes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para la convocatoria de esos representantes.
García Villegas lamentó que se carece de un registro al respecto porque se considera un homicidio; por tanto consideró que existe una deuda histórica con colectivos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Trasgénero, Queer y más (LGBT+).
“Les pregunto cuál es papel de un estado ante esta terrible realidad y cuál es la responsabilidad histórica hacia las mujeres trans”.
De igual manera expuso que según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTTIQ+, un 44.5% de los crímenes de odio registrados en México fueron cometidos contra mujeres trans con un total de 209 homicidios entre 2014 y 2020.
“Se estima que el número de crímenes de odio podría ser hasta 3 veces mayor dadas las condiciones en que se dan los reportes denuncias e investigaciones de este tipo de crímenes por parte de los cuerpos de seguridad”.
Ante ese panorama, la diputada del PAN, María de los Ángeles Dávila Vargas dijo que se estima que en el país tan solo de 2017 a 2018 se cometieron 61 asesinatos de personas transexuales.
En su intervención, los diputados de Movimiento Ciudadano, Juana Bonilla así como los del PRI, María Isabel Sánchez Holguín y Braulio Álvarez Jasso, consideraron favorable se realice una reunión con funcionarios de la FGJEM y el poder Judicial para buscar la protección de los derechos humanos de las mujeres. No obstante, Bonilla rechazó la propuesta del PVEM de aplicar pena vitalicia al feminicidio.