Como resultado de as acciones de coordinación interinstitucional, de la aplicación de la tecnología y la capacitación, el Estado de México se ubicó en la séptima posición dentro del Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal 2019, cuatro lugares por arriba de la medición de 2018 y 22 con respecto a 2014.
En el documento recién publicado y titulado “Hallazgos 2019. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” realizado por el Centro de Análisis México Evalúa, reconoce al Poder Judicial mexiquense por agregar información y comentarios adicionales a lo solicitado para la realización de este ejercicio.
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Aunado a esto, la entidad se encuentra en el primer lugar de buenas prácticas de coordinación y planeación e incluso sobresale por su órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal que desarrolló con todos los operadores, y de manera conjunta, un Plan de Trabajo Anual 2019, construido a partir de seis ejes rectores (capacitación, normatividad, tecnologías de la información, indicadores, gestión e infraestructura).
De acuerdo con el análisis, el promedio de resolución de casos en sede judicial, es decir, las causas penales que se concluyeron en 2019 en el territorio mexiquense, fue de 35.9%, mientras que el promedio nacional se ubicó en 27.1%; así el Poder Judicial se colocó en segundo lugar nacional por sentencias emitidas.
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Respecto al personal en materia penal, el Poder Judicial del estado cuenta con 2.61 jueces por cada 100 mil habitantes, ubicándose entre las 5 entidades con menor número, cuando el promedio nacional es de 3.77 y a nivel Latinoamérica es de 10 por cada cien mil habitantes.
México Evalúa consideró que este documento representa la evaluación independiente más ambiciosa del sistema de justicia en la materia. Aunado a esto destacó que desde que la transformación del sistema de justicia penal se dictó en la Constitución, en el Sistema de Justicia Penal Adversarial las partes conocen al juez, presencian y participan de los actos durante el juicio, posibilitan mejores investigaciones y se les garantiza transparencia y seguridad jurídica a víctimas, imputados y a la sociedad en su conjunto.