Después de ocho años continúa la disputa entre particulares y cuatro ejidatarios de San Mateo Atenco.
Durante una conferencia de prensa, las personas afectadas: Joaquín Torres Sandoval, Antonio Campos Pichardo, Héctor Sandoval y Concepción González Escutia, denunciaron que las autoridades agrarias han falsificado y desaparecido documentos oficiales.
Mostrando diferentes copias del caso, entre ellas: la Gaceta de Gobierno del 10 de mayo del 2011, la cual contiene la firma de un convenio de amistad entre Toluca y San Mateo Atenco, los afectados señalaron que se trata de personas de la tercera edad, y los políticos y funcionarios se valen de ello para cometer diferentes abusos.
Por su parte, el abogado Francisco Campos Esquivel explicó que su intención es hacer una denuncia pública relativa a la simulación de actos y documentos por parte de servidores públicos del Registro Agrario Nacional (RAN), Procuraduría Agraria y Tribunal Unitario Agrario número 9 con residencia en Toluca.
“Dicha falsedad en documentación oficial ha dado lugar a que varios campesinos sean despojados de sus tierras, entre ellos: Joaquín Torres, ejidatario legalmente reconocido y con certificado de derechos agrarios, expedido (en aquel entonces) por Secretaría de la Reforma Agraria”, externó.
Detalló que dicha persona fue despojada de su parcela en junio del 2017 por Pedro Israel González Ramírez, quien supuestamente se ostenta como titular de la parcela número 39, sin embargo, el primero cuenta con diversos documentos que demuestran que es propietario, entre ellos: constancia de usufructo del 22 de mayo de 1971 y diversos recibos de contribución al ejido desde hace 48 años.
Se presentó en su predio y ya no era el propietario
El representante legal narró que hace casi tres años Torres Sandoval se presentó en su predio (como cualquier otro día), sin embargo, se percató que había varios hombres en la circunferencia, quienes estaban colocando malla ciclónica.
Al percatarse de dicha situación, la persona afectada acudió ante el Comisariado Ejidatario, del cual era responsable Pascual Ramírez Gutiérrez, así como José Abel Pérez, quien fungía como secretario y Aurelio Valencia Juárez, era tesorero, quienes le señalaron que no era ejidatario y no tenía derecho a la parcela 39.
Por estos hechos, se abrió una carpeta de investigación Tol/Ler/054/229468/17/10, ante la cual el comisariado al igual que su comitiva tuvieron que declarar sobre el tema, y mostraron una constancia de derechos agrarios a favor de Pedro Israel González, así como diversas personas, la cual fue expedida por el Registro Agrario Nacional, en donde los señalan como propietarios de dicha parcela, al igual que la 101, 104, 39, 100, 102, 99, 41 y 179. Mientras que a Conrado Flores se le reconocen las parcelas mil 506, mil 053.
Derivado de esta situación, Joaquín Torres realizó un escrito dirigido al Registro Agrario Nacional, en donde le hace los comentarios pertinenentes al titular en ese momento, Isael Villa Villa.
Firmaron convenio de límites territoriales
También señaló que siendo presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera y de Lerma, Fidel Alejandro Castillo Ambriz, firmaron un convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de limites territoriales, lo cual constituye una violación a los derechos de los ejidatarios de San Mateo Atenco, “porque realmente se trató de una expropiación de tierras”.
Dicho convenio fue publicado en la Gaceta de Gobierno del 10 de mayo de 2011, y en donde se establece la facultad de la Legislatura local para fijar los límites de los municipios y resolver las diferencias.
Lo anterior, porque la capital mexiquense y Lerma son parte integrante del estado y como entidades jurídicas, por lo que voluntariamente decidieron resolver mediante un convenio las diferencias.
Obra Toluca-Naucalpan
La vía Toluca-Naucalpan fue concebida hace más de 15 años por el entonces gobernador Arturo Montiel, pero fue su sucesor, Enrique Peña Nieto, quien en 2016 emitió la convocatoria para la licitación de la obra y el 24 de abril de 2017 se emitió el fallo.
La construcción, operación y administración de la autopista se asignó a Constructora Teya SA de CV, filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas predilectos de Peña Nieto.
Asimismo, se anunció que la autopista de 39 kilómetros, que conectaría el poniente del Valle de México con el aeropuerto internacional de Toluca, tendría un costo mil 449.5 millones de pesos y su construcción tardaría 24 meses, por lo cual se tenía proyectada su inauguración para mayo de este año.
