Ejidatarios de San Mateo Atenco refutaron que con el tratamiento de aguas, a través de Reciclagua, los caudales que se reintegran al río Lerma puedan ser utilizados en actividades de riego agrícola, como señala la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, pues hay estudios dónde se demuestra que esas aguas no han sido saneadas.
Antonio Campos afirmó que tienen estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se advierte desde hace 25 años que el agua ha contaminado las tierras y, por tanto, no son aptas para la siembra de cultivos para consumo humano, ni animal.
La página de la dependencia refiere que en el tratamiento terciario se adiciona gas cloro a la corriente tratada para desinfectarla y después ser vertida al Río Lerma, con lo cual cumplen con calidad de riego agrícola, según la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, autorizada como funcionamiento a esa empresa y los lodos son quemados.
Sin embargo, Antonio Campos, ejidatario de San Mateo Atenco, uno de los afectados por la contaminación en esa zona, mostró documentos donde desde 1996 recurrieron a distintas dependencias federales para denunciar la contaminación e inundación de terrenos, y el hecho de que eso afectaba sus cosechas; por lo cual en 1996 hubo negociaciones para que la entonces empresa EPCCA, ahora Reciclagua, pagara indemnizaciones por los daños a los suelos y las cosechas afectadas.
Entre los documentos destaca un análisis donde se señaló que los lodos de proceso estuvieron acumulándose desde hace aproximadamente cinco años y se depositaron en los terrenos de sus instalaciones y en otros aledaños que no le pertenecían a la empresa y desprendían olores fétidos, ante el malestar a la población.
El estudio también señaló que los lodos residuales de esa planta eran residuos peligrosos. Los análisis fueron realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el Laboratorio Investigación y Desarrollo de Estudios de Calidad del Agua, el Laboratorio ABC, Laboratorio Ecolab y Laboratorio Micro Ecol.
Ahí también se señaló que desde octubre de 1992 la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pidió a la empresa cumplir con la normatividad ambiental, principalmente en el almacenamiento y disposición de residuos peligrosos por el problema de olores que se generaba.
En 1993 el consejo directivo de la empresa autorizó ejecutar el colector para llevar las aguas a la planta, pero en 1994 la delegación, tras una visita de inspección, detectó anomalías como: la disposición inadecuada de residuos peligrosos, fallas en sitios de almacenamiento temporal de esos residuos, carencia de licencia de funcionamiento.
Por ello, indicaron 10 medidas de urgente aplicación, e incluso le impusieron una multa a la empresa, la cual presentó un recurso de inconformidad que fue rechazado, por lo cual inició un juicio de nulidad.
Además, se realizó un peritaje por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México donde se concluyó que las tierras estaban contaminadas y no eran aptas para la siembra de cultivos para consumo humano, ni animal y la causa probable era el canal abierto que conducían las aguas provenientes del parque industrial Lerma.
Los ejidatarios denunciaron a la empresa ante la PGR y tras las revisiones también se determinó que los terrenos son inservibles para la agricultura, y de acuerdo con los ejidatarios, la problemática nunca se resolvió y sigue vigente.
Prueba de ello, explicaron, es que siguen las enfermedades entre la población de la zona.