En la desaparición de Jesús Arias, José Luis Velázquez, Joel Aguilar y Salvador Robles, cuatro chatarreros desaparecidos desde el pasado 4 de junio en el estado de Zacatecas, las últimas investigaciones confirman que está relacionado el crimen organizado, informaron familiares de las víctimas.
A la fecha las familias no han logrado tener acceso a ninguna cámara de videovigilancia ni a un celular que fue localizado en una de las brigadas de búsqueda.
“Consideramos que las búsquedas han sido ineficientes, sin experiencia por parte de las Fiscalías y la poca participación de la Guardia Nacional y elementos estatales”, señalaron los familiares de los trabajadores en una carta enviada al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
PISTAS SIN REVISAR
Tras la manifestación hecha en la carretera Toluca-Atlacomulco, se inició una primera búsqueda en el estado de Zacatecas, pues se supo que se había localizado la camioneta de los chatarreros en el municipio de Villanueva, sin embargo, la Fiscalía detuvo la brigada por varias horas.
Al llegar al punto ya no se localizó el vehículo, pero sí un celular perteneciente presuntamente de un vigía de los captores, así como otras pertenencias.
“(La camioneta) permaneció en el lugar por tres días, según testimonios de un vecino quien los ayudó a trasladarse para ir por gasolina.
En la colina, metros arriba, se observa un punto donde se encontraron pertenecías de los familiares desaparecidos y en el lugar había comida reciente, donde evidentemente se acababan de huir, pues dejaron un celular cargando en el suelo y múltiples cobijas y pertenencias”, señala el testimonio.
Los familiares señalan que la demora en la búsqueda permitió a los delincuentes darse a la fuga.
“Así ocurrió la primera anomalía en la búsqueda, pues si el comandante no hubiera detenido a los elementos, se hubiera localizado a las personas que estaban en el lugar, familiares indicaron que continuaran en dirección a la carretera por la cual transitaban, sin embargo fiscales y comisión de búsqueda indicó que no podían seguir en dirección porque pertenecían a territorios de Jalisco”, agrega el documento.
De esa búsqueda se obtuvo pruebas de los objetos de los chatarreros familiares y celular del presunto delincuente, el cual en el fondo de pantalla aparece un mapa de los puntos de halconeo y uno de ellos era el lugar al que llegaron.
APLAZAN INVESTIGACIONES
Las familias de los cuatro trabajadores señalan que tras casi dos meses no se ha logrado tener acceso a ninguna cámara de videovigilancia, así como al celular hallada en las brigadas.
“Hasta la fecha no se ha extraído información del celular, porque en una primera ocasión se giró un oficio mal redactado a un Juez Federal para pedir su autorización, lo que llevaron varios días para su solicitud, comentándonos como resultado de la Fiscalía de Zacatecas que el celular no se puede desbloquear, pues no se cuenta con la tecnología ni el equipo necesario para realizar su extracción de dicha información, relevante para la localización de nuestros familiares”, denunciaron.
ACUDEN A BUSCARLOS Y DESAPARECEN
Se trata de una doble desaparición, pues el 4 de junio desaparecieron y los otros dos, el seis de junio, cuando acudieron en la búsqueda, relataron los familiares.
Asimismo, señalaron que los primeros desaparecieron en Zacatecas y los otros dos en Colotlán, Jalisco.
Denunciaron que a la fecha se han hecho tres reuniones con autoridades estatales y federales, además de diversas búsquedas que no han dado ningún resultado.
“Durante esta primera reunión se le solicitó la extracción de videos, a la Fiscalía de Colotlán donde ellos solo mencionan la existencia de dos cámaras en el municipio, que realmente por nuestros familiares; quien se han expuesto a realizar la investigación por sus medios, existen un mínimo de 8 cámaras y se cuenta con el servicio de C5 de Jalisco”, acusaron los familiares.
Las familias de los cuatro desaparecidos enviaron una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar su intervención, pues señalan que existe una red de presunta corrupción en las fiscalías y gobiernos municipales de Jalisco y Zacatecas.
