En el país apenas un 3.6% de la ciudadanía ha presentado una solicitud de información, mientras el 54.8% tiene conocimiento de que existe una ley o institución relacionada con el Derecho de Acceso a la Información (DAI), por lo cual instituciones y organizaciones civiles buscan impulsar el conocimiento de ese derecho.
Durante la Instalación de la Red de Socialización del Derecho de Acceso a la Información comisionados de transparencia estatales y federales, organizaciones civiles y servidores públicos advirtieron la necesidad de impulsar el derecho a saber para que las personas puedan aprovecharlo, tener información y una mejor calidad de vida.
El secretario de la Contraloría Estatal, Javier Vargas, señaló que la Encuesta Nacional de Acceso a la Información mostró que una tercera parte de ciudadanos consultó información que genera el gobierno, sobre todo para requisitos para trámites, servicios y formatos y destacó que 36 de cada 100 mexicanos ubicó como medio para obtener información de los gobiernos la búsqueda en sus páginas de internet y 26 de cada 100 en portales de transparencia.
De quienes no han hecho una solicitud información solo el 21.1% mostró interés en hacerlo, por lo cual buscan avanzar en la socialización de ese derecho que genere beneficios como reducir la desigualdad, solucionar necesidades sociales, combatir la corrupción, fortalecer la participación ciudadana y ejemplificó el sitio Covid de la entidad que busca ofrecer datos abiertos y una mayor apertura gubernamental.
Advirtió que no solo es necesario cuidar la salud de las personas; sino también la de las instituciones.
Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Inai, advirtió que existen muchos espacios de oportunidad en materia de acceso a la información, y aún cuando cada vez hay más personas que presentan solicitudes de Información, es insuficiente, pues falta el control social que nace de la coordinación entre sociedad civil organizada y los órganos garantes para quitar vallas y maleza y lograr objetivos concretos: cambiar la realidad pública.
Lo que buscan, explicó, es que ese derecho se aproveche de manera coordinada, pues ayuda a medir la calidad de la participación ciudadana y a lograr frutos cívicos, por lo cual las redes de la sociedad son indispensables y dan sentido práctico a la aplicación de las oportunidades. La red podría ayudar a modificar la política pública y a incluir a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida.
La comisionada del Inai, Josefina Román Vergara, señaló que el derecho de acceso a la información es esencial y contribuye a transparentar la gestión pública, a incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones y a facilitar el acceso a documentos valiosos para impulsar políticas públicas eficaces y otorga beneficios para forjar sociedades democráticas y participativas.
A más de 15 años de la primera Ley de Transparencia en el país, explicó, estudios arrojan que aún hay áreas de oportunidad, pues poco más de la mitad de la población del país, el 54.8%, tiene conocimiento de una ley o institución relacionada con el DAI y sólo un 3.6% ha realizado una solicitud de información en su vida, por lo cual existe la necesidad de impulsar una nueva agenda para socializar el acceso a la información y lograr que sea aprovechado.
En la agenda 2030 se establecieron como metas para el desarrollo sostenible garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de acuerdo con las leyes locales y los tratados internacionales y destacó que el estado de México fue el primero en alinear su Plan Estatal de Desarrollo a esa agenda.
Es necesario, dijo, pasar del papel a la práctica y no sólo cumplir con un deber, sino tener un modelo de gestión pública.
En febrero, refirió, emitieron una convocatoria para el plan DAI y el 50% de los Institutos presentaron cartas de intención, pero se requiere garantizar que todos conozcan sus derechos. El principal objetivo del plan DAI es construir ciudadanía .
Blanca Lilia Estrada, del Inai, dijo que la red es una oportunidad para apoyar a grupos vulnerables que a veces parecen olvidados y la utilidad social del derecho a saber y destacó la necesidad de reconocer el interés del Estado de México en la transparencia, al tiempo de referir que en el ámbito nacional un 3.6 % de personas han presentado una solicitud y un 3.4% en algunas entidades.
