De los 24 mil 900 millones de pesos que representan las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Estado de México, sólo 40% corresponden al Ejecutivo, el resto a los otros poderes aseguró Javier Vargas Zempoaltécatl, secretario de la Contraloría, quien aceptó que las aclaraciones que eventualmente podrían considerarse daño al erario público federal ascienden a 25.4 millones de pesos.
Sin embargo, aclaró que una vez que la ASF entregue la notificación individual a cada una de las entidades federativas se tienen 30 días hábiles para entregar mayor información, por lo que el Ejecutivo estatal está dedicado a solventar esos 25.4 millones de pesos.
Los resultados de la ASF a la Cuenta Pública 2018 representan un buen balance, resaltó Vargas Zempoaltécatl, pues solamente son 25.4 millones de pesos los que están pendientes, en comparación con la gran cantidad del recurso de las participaciones federales al Estado de México, realmente es mínima la suma.
“Estamos, como lo ha instruido el gobernador Alfredo del Mazo Maza, en permanente coordinación con los entes fiscalizadores externos, en este caso con la ASF”, aseveró el secretario de la Contraloría.
Insistió en que efectivamente el resultado de la auditoría fue muy bueno, avanzamos mucho como Poder Ejecutivo, pues si bien el informe de resultados de la tercera entrega correspondiente a la Cuenta Pública 2018 habla de 24 mil 900 millones de pesos, hay que precisar que de esta cantidad, más de la mitas, aproximadamente 51%, corresponde a montos contemplados dentro del concepto de “solicitud de información, lo cual quiere decir que no se habla de un presunto daño al erario público federal; el resto, que son poco más de siete mil millones, únicamente corresponden al Ejecutivo del Estado una cantidad de 25.4 millones de presunto daño.
“Es importante señalar, como lo comentó el auditor superior de la federación el pasado jueves en la Cámara de Diputados, éste es un proceso que no se ha cerrado, sólo se está prácticamente concluyendo lo referente a la auditoría; ahora se abre -a partir de la notificación individual a los gobiernos de los estados, que será en estos días,- un periodo de 30 días hábiles para proporcionar mayor información. De hecho, ya nosotros hemos proporcionado información, de ahí el concepto de solicitud de aclaración es el primero que demanda la ASF, por lo que hace a la aclaración o solventación de los 25.4 millones estamos en ello”, apuntó.
El resto de las cantidades corresponden a los otros poderes públicos del estado y a diversos organismos autónomos, con los cuales se coordinan para proporcionar toda la información que haga falta dentro de este plazo de los 30 días posteriores a la notificación, ya se proporcionó parte de la información, pero estaremos pendientes para la que haga falta y tener reuniones con cada uno de ellos para estar en posibilidades de solventar estas cantidades, expuso.
A pregunta expresa, el secretario Vargas Zempoaltécatl aseguró que se puede descartar un daño al erario, pues el informe de la ASF no es definitivo y agregó que una vez que se concluyan los 30 días, la ASF cuenta con 120 días hábiles para poder pronunciarse una vez que lleve a cabo el análisis de esta información.
“Entonces no podemos hablar de un daño, sino que estamos cerrando el proceso de las auditorías a la cuenta pública 2018 y estamos iniciando la etapa de aclaración, lo cual va a llevar algunos meses”, concluyó.
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