El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, afirmó en conferencia de prensa que el estado debe garantizar los derechos humanos de todas las personas y que se limpie el sistema judicial
Por su parte, el activista Humbertus Pérez Espinoza estimó que un 60% de las personas privadas de la libertad son falsos culpables.
En presencia de integrantes de varios colectivos informaron de una reunión con funcionarios del gobierno del Estado de México.
En su intervención, monseñor afirmó que la principal obligación del estado es garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia y brindarles a todos los ciudadanos todos sus derechos como personas con dignidad humana.
En su trayectoria eclesiástica afirmó que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, lo cual es el impulso y la motivación para seguir en esa causa porque ustedes sí entienden lo que debe ser un país, agregó.
Reiteró que el estado está para garantizar al pueblo todos sus derechos, garantizarle a cada persona todos sus derechos.
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Atienden demandas de colectivos
El activista Humbertus Pérez comunicó que este lunes se reunió con funcionarios de la Consejería Jurídica mexiquenses para atender las demandas de los colectivos.
Calculó que en el Estado de México la población de los penales locales es de 33 mil 600 reclusos y cerca del 60% son personas inocentes o falsas culpables.
Al momento, precisó, llevan 4 amparos ganados y presentarán los primeros casos al órgano de consolidación y estarán en espera en el relevó de la titularidad del Poder Judicial estatal.
En dicho espacio se dio lectura a un documento de la Red Solidaria contra la impunidad signado por el obispo emérito dirigido a la gobernadora mexiquense, con las demandas del Frente Mexiquense por una vivienda digna y Presunción de la Inocencia.
Por separado, en entrevista con El Sol de Toluca, algunos de los integrantes de colectivos Presunción de Inocencia y del Frente Mexiquense, provenientes de diversos municipios, denunciaron presuntas irregularidades o abusos en los centros penitenciarios estatales y la solicitud de viviendas.
