Toluca, México.-El coordinador del PAN, Anuar Azar advirtió que hasta el momento no hay motivos para remover al auditor superior del estado de México, Fernando Baz, pues desde su punto de vista no se configura ninguna de las causales previstas en la Ley de Fiscalización para buscar su destitución.
Aseguró que hay consenso en torno al dictamen de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM) sobre el tema de las cuentas públicas, donde se hacen observaciones y se solicitan auditorías especiales y mayores revisiones a varios rubros, pero el tema del auditor consideran que debe ser tratado aparte.
Algunas de las causas previstas en la ley para remover al titular del OSFEM son: incumplir con sus atribuciones, utilizar para beneficio propio la información, sustraer indebidamente documentos, omitir el finanmiento de pliegos de responsabilidades , admitir la injerencia de externos, no señalar o no determinar responsabilidades, conducirse con parcialidad e incumplir con las disposiciones legales.
Por ello, consideró que quienes promueven la salida del auditor deben poner sobre la mesa los argumentos o las pruebas para que sean valoradas por los diputados, pues aunque no lo defiende, en este momento no ve causales para removerlo.
“Estamos dispuestos a revisar lo que los compañeros tengan para poner sobre la mesa, estamos totalmente abiertos, no estamos a favor del auditor, yo he hecho señalamientos cuando no me ha gustado el actuar de temas como cuando solicité una auditoría al ISSEMYM, hoy ya hay datos, información, pero en estos momentos no podría asegurar que lo que la ley marca como causales para destitución existan plenamente comprobados.
“(…)nosotros estamos de acuerdo con el dictamen en sus términos de las cuentas estatal y municipales y pensamos que si hay elementos para solicitar la destitución del auditor debe ser en el marco de la legalidad, se deben poner en la mesa y en el pleno de la comisión”.
Anuar Azar consideró que es irresponsable señalar que el auditor incurrió en omisiones porque la ley habla de temas muy específicos como ocultar información, pero llamó a que si existen pruebas de una posible mala actuación deben ponerse sobre la mesa.
“En estos momento yo no tendría elementos para decir que el auditor incurrió en alguna de las acciones que marca la ley”.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior el proceso para remover al auditor superior implica que la JUCOPO lo cite a garantía de audiencia. En los 30 días hábiles siguientes al desahogo de la garantía de audiencia, la Junta de Coordinación Política con auxilio de la Comisión, prepararía un proyecto de resolución, para ser sometido al Pleno y se requerirá del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura para que proceda la remoción del auditor superior.
