El Sistema Anticorrupción requiere una mayor participación ciudadana, la posibilidad de emitir recomendaciones que sean vinculantes, flexibilizar algunos requisitos y cambios para que los sistemas municipales puedan constituirse y funcionar, entre ellos: analizar la posibilidad de que no sean obligatorios para los 125 municipios.
Con dos años de vida del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México, los integrantes de ese órgano visualizan avances pero también obstáculos y proponen cambios para hacerlo más eficiente, incluso, con más “dientes” para que puedan emitir recomendaciones vinculantes.
En entrevista, la presidenta del CPC estatal, Palmira Tapia advierte que han hecho algunas propuesta a los diputados en busca de mejorar el sistema anticorrupción y adelanta que a punto de dejar el cargo hay avances como el hecho de que el Estado de México es el primero que se suma a la plataforma electrónica con dos de los seis sistemas: el de declaraciones de servidores públicos y el de denuncias.
Sin embargo, acepta que no es fácil que un solo ciudadano coordine a seis instituciones. Prevé que falta posicionar al CPC, visibilizarlo y difundirlo más. El CPC, advierte, debe ser la caja de resonancia de las quejas y denuncias ciudadanas.
Los obstáculos en el CPC
Palmira Tapia admite que el Sistema Anticorrupción tiene mucha burocracia, y el órgano máximo que es el Comité Coordinador tiene mayoría de funcionarios y solo un ciudadano, por lo cual advierte que esa integración también es un obstáculo.
“El sistema así como está se presta justamente a eso (a burocratizarse), son seis funcionarios de alto nivel y un ciudadano, quien viene a tratar de coordinar a estas grandes instituciones y están los incentivos puestos como para dejar en último lugar al sistema.
“Y cada institución tiene una forma de venir trabajando desde hace muchos años, es muy difícil compartir información o admitir que hay nudos que no están permitiendo que el trabajo fluya de manera correcta”.
Sin embargo destaca que el Estado de México es el primero que se ha conectado a dos de los seis sistemas electrónicos que señala la ley: el de quejas y denuncias y el de las declaraciones patrimoniales con información del Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Contraloría
Eso, avisora, permitirá dar otra tónica al sistema, pues los municipios deberán ingresar información desde el siguiente año y vendrá el reto de capacitación y coordinación entre las autoridades.
Propuestas
Una de las propuestas de los integrantes de ese consejo es que el CPC pueda emitir recomendaciones sin pasar por el tamiz del comité coordinador, sobre todo en casos donde se presuman conflictos de interés y que esas recomendaciones puedan ser vinculantes, pues en este momento no hay sanciones.
“Vamos a ver si se les da más publicidad a las recomendaciones o que los entes a los que se dirigen esas recomendaciones tengan un plazo definido para atenderlas, un poco más a detalle y ver cómo se fortalecen esas recomendaciones que eventualmente puedan salir”.
Palmira Tapia refiere que han emitido algunas como las relacionadas con los contralores internos, pues pidieron a los municipios cumplir con los requisitos en los nombramientos de esos funcionarios e hicieron un llamado a instalar todos los sistemas municipales.
Además, han planteado a la Legislatura propuestas para fortalecer al sistema y confían en que este año se discutan, entre ellas, que no sea obligatoria la instalación de los sistemas municipales anticorrupción para los 125 municipios, sino que sea conforme a criterios como el número de habitantes y de presupuesto para priorizar a los 63 que engloban el 80% de presupuesto, pues hay algunos con limitaciones importantes.
“Creo que ha quedado muy claro que hay condiciones que no están facilitando la instalación de estos sistemas y vamos a ver en las discusiones legislativas por qué esquema se opta porque también he escuchado que hay otras propuestas, por ejemplo que se flexibilicen los requisitos para ser integrantes de los sistemas en algunos municipios”.
Advierte que la actual ley exige a los integrantes de la Comisión de Selección en los municipios ser de instituciones de esas demarcaciones, pero en algunos no las hay, por lo cual eso podría cambiar, así como ajustar los requisitos del perfil del secretario ejecutivo para que sea más especializado y se ajuste la edad que en este momento es de 35 años.
Otra propuesta es que no se disminuyan las percepciones de los integrantes de los CPC, que los cincos integrantes del CPC estatal sean parte del Comité Coordinador.
Los retos
Apuesta a que exista una plataforma, a hacer accesible la información y considera que el CPC se hará fuerte en la medida en que se haga más visible en el trabajo con organizaciones incluso más pequeñas, pues acepta que la gente no denuncia por los altos porcentajes de impunidad y por falta de mecanismos de protección adecuados.
El CPC, sostiene, necesita trabajar más con la ciudadanía de a pie, pues en la parte burocrática hay resistencias, por lo cual advierte retos como: funcionar como sistema, entender qué significa en la tarea de cada institución tener esa visión sistémica, pues a veces es difícil que admitan errores. También la necesidad de fijar como obligación institucional el definir indicadores como sistema.
Otro reto es ver el papel de la ciudadanía en el sistema, para que no sólo sea de membrete; sino una auténtica caja de resonancia y trabajar mucho, no sólo en firmar acuerdos, sino para darles cumplimiento a las acciones. “Nos falta traducir todas esas buenas intenciones en indicadores, de revisar qué han hecho con cada una”.
Asimismo, trabajar en prevenir y combatir la corrupción, acompañar a los municipios que se renuevan cada tres años y muchas veces deben empezar de cero.
Aún cuando considera que este año fue de avances, pues una de las metas era posicionar al Sistema Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana y ya se empiezan a conocer, al igual que los sistemas municipales, admite que falta mucho para el CPC sea una caja de resonancia de las quejas y denuncias de los ciudadanos.
“Nos falta ganarnos legitimidad social porque aunque tengamos el carácter de ciudadanos eso no significa que allá afuera la gente confíe en nosotros como aliados”, admite.
Para Palmira Tapia hay que tener paciencia, pero también mucha exigencia para que el Sistema Anticorrupción funcione y pueda recibir más denuncias.
