La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó adoptar las medidas cautelares para reforzar las medidas preventivas que eviten un repunte de contagios de Covid-19 en los centros penitenciarios.
La recomendación fue enviada el pasado 27 de octubre a los titulares de los sistemas penitenciarios en el país, al considerar que, en meses pasados, las personas privadas de su libertad estuvieron entre los grupos de atención prioritaria mayormente afectados.
Lo anterior debido a las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que se encuentran con respecto al resto de la población, por lo cual es necesario aumentar las medidas encaminadas a la prevención en la población privada de la libertad.
La CNDH también solicitó que se garantice el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para todas las personas que permanecen al interior de centros penitenciarios, incluidas las y los hijos de las mujeres privadas de la libertad que viven con ellas, así como al personal que labora en estos centros en el país.
La recomendación se basó en el Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020 de la Secretaría de Salud, donde se reporta la confirmación de mil 212 casos positivos de influenza.
De ellos,: 617 del tipo AH3N2, 434 de AH1N1pdm09, 123 de tipo B y 38 de influenza tipo A; registrando 45 defunciones positivas a influenza, 21 por AH1N1pdm09, 18 por AH3N2, 5 por influenza A y 1 de influenza B en México.
El informe también reportó que, durante 2019 y hasta la primera semana de 2020, los grupos etarios con mayor número de casos positivos a influenza fueron personas mayores de 65 años, seguidos de los menores entre 5 y 9 años y el grupo de 1 a 4 años de edad.
La CNDH considera imperioso que las autoridades penitenciarias y de salud a nivel nacional se avoquen a realizar las gestiones necesarias para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal que labora al interior de estos centros.
Asimismo, refiere, las autoridades penitenciarias y de salud deben privilegiar la salud física y mental, el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención médica especializada oportuna, a través de guardias permanentes de personal médico especializado en los Centros Penitenciarios y de videoconsultas.
Se pidió, además, considerar la asignación de ambulancias debidamente equipadas y que se dote de manera ininterrumpida de todos los productos de higiene, protección y sanitización permitidos.
