Con el propósito de contribuir al mejoramiento del sistema penitenciario estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió su Cuarto Informe Especial esta vez enfocado a la situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad en la infraestructura carcelaria estatal, señalando las problemáticas que obstaculizan la defensa efectiva de sus derechos fundamentales, los avances y las medidas que permitan garantizarlos.
La Codhem ha documentado que las condiciones de privación de libertad en las que se encuentra este sector, carecen de las medidas mínimas compatibles con el respeto a la dignidad humana, ocasionando múltiples grados de afectación en su desarrollo personal, por lo que advierte la urgente necesidad de adoptar acciones integrales que satisfagan sus derechos fundamentales.
El Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Mujeres Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México señala como principales problemas la sobrepoblación y el hacinamiento; la carencia de instalaciones y servicios para una estancia digna; déficit de personal penitenciario y ausencia de condiciones para atender las necesidades básicas de mujeres embarazadas y de las niñas y niños que están con sus madres en reclusión, situaciones contrarias a las normas nacionales e internacionales, pactos, convenciones y tratados internacionales de derechos humanos.
Puntualiza que el sistema penitenciario mexiquense es el más grande del país al albergar a 31 mil 500 personas privadas de libertad (PPL), fue diseñado para población masculina y aun cuando la infraestructura carcelaria de ha modificado para alojar mujeres, ésta sigue siendo insuficiente o inadecuada, además de que solo la Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl Sur es exclusiva para el sector femenino.
Actualmente, los centros de prevención y reinserción social (CPRS) estatales albergan a 1,975 internas, de las cuales 1, 204 han sido sentenciadas, cantidad que equivale a 61% del total, y 39% o 771 personas, son procesadas, entre mujeres jóvenes, madres, adultas mayores, embarazadas, en periodo de lactancia, con discapacidad, indígenas, con alguna enfermedad o integrantes de la comunidad LGBT+.
El Informe, resultado del estudio realizado de enero a noviembre de 2020 por la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria de la Codhem, indica que 95% de los lugares destinados a las reclusas carecen de diseño ex profeso para atender sus necesidades prioritarias, lo que configura una situación permanente de discriminación.
Asimismo, el documento informa las conclusiones obtenidas de las inspecciones realizadas a 12 CPRS (Ecatepec, Tlalnepantla, Santiaguito, Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Nezahualcóyotl Sur, Texcoco, Chalco, Zumpango, Jilotepec, Temascaltepec y Tenancingo Centro), y al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, donde se llevaron a cabo entrevistas a mujeres en prisión y a personas servidoras públicas, generando un diagnóstico que documenta las condiciones que prevalecen en cuanto a infraestructura, alimentación, salud, vestido, educación, desarrollo maternal, psicosocial y trabajo.
En su informe la Codhem establece que el sistema penitenciario debe adoptar medidas urgentes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos a la integridad, a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, al nivel de vida adecuado, al trabajo remunerado, a vivir en condiciones adecuadas, a la vinculación social y en particular, a velar por el interés superior de las y los menores que viven con sus madres en reclusión, ya que este entorno los coloca en un alto grado de vulnerabilidad.
Con el propósito de colaborar en la mejora de dichas condiciones, la Codhem expone también la falta de instalaciones y servicios de acceso a las actividades personales, deportivas, educativas, laborales, espacios destinados para personas con medidas de protección, talleres de capacitación, aulas de clase, y lugares para la visita familiar, entre otros aspectos.
El Informe evidencia falta de servicios médicos especializados en obstetricia y pediatría, así como de personal técnico profesional en trabajo social, psicología, educación, industria penitenciaria, criminología y psiquiatría para el tratamiento de reinserción social, enfatizando la repercusión psicológica y emocional de estas situaciones en aquellas PPL que no tienen visita familiar, ni íntima, ni contacto con amistades del exterior.
El organismo defensor mexiquense plantea observaciones con propuestas de solución para garantizar una estancia digna y segura en prisión de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal e instrumentos internacionales; garantizarles su derecho al agua potable para higiene personal y de las estancias donde viven; diseñar y materializar estrategias para proporcionar servicio clínico de primer nivel a través de especialistas en ginecología y pediatría, así como suministro de medicamentos y artículos personales.
Con este Informe Especial sobre la situación de las mujeres privadas de libertad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México refrenda su compromiso de contribuir en la coordinación y colaboración institucional con las dependencias gubernamentales en la materia para enfrentar efectivamente los desafíos que invariablemente debe cumplir el Estado en materia de derechos humanos y consolidar el objetivo anhelado de la reinserción social.
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